En situación "fallida y de calamidad" está el sistema penitenciario hondureño: ACI

Exigen se investiguen las causas que originaron la tragedia

Piden se implementen políticas reales en materia de prevención de la violencia
El Grupo de Derechos Humanos y Justicia del espacio de Agencias de Cooperación Internacional (ACI) en Honduras, señaló que los presidios del país se encuentran en situación “fallida y de calamidad”.
Mediante un comunicado la ACI, “deplora” los últimos acontecimientos ocurridos en la Granja Penal de Comayagua se contabilizan unas 360 personas fallecidas producto del incendio voraz que afectó a dicha institución penitenciaria; de igual forma, “expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia”.
El escrito señala que “lo acontecido en el presidio de Comayagua hace evidente la situación fallida y de calamidad en la que se encuentra el sistema penitenciario de Honduras, en donde la deficiente infraestructura carcelaria, el abuso de la prisión preventiva, el hacinamiento carcelario y una alta mora judicial, contribuyen a la recurrencia de acontecimientos violatorios de los derechos humanos en el país”.
Recordamos “al Estado y a la sociedad hondureña que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, tal y como lo establecen la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y las recomendaciones de distintos organismos del sistema internacional de Derechos Humanos”, subraya.
En ese sentido, como Agencias de Cooperación Internacional, con una larga trayectoria de trabajo en el país, recomendamos al Estado hondureño que:
1. Se garantice el derecho a la verdad a las familias que han perdido sus parientes, los demás internos que han resultado lesionados y a la sociedad en general.
2. Se investigue con independencia y alto sentido de responsabilidad, las causas que originaron esta tragedia y se apliquen a los responsables las sanciones correspondientes establecidas en la legislación Nacional, en concordancia con los tratados internacionales.
3. Se implementen políticas reales en materia de prevención de la violencia, de respeto de los derechos humanos; así como políticas de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, que incluye la atención inmediata al sistema de justicia penal juvenil, y a los centros de internamiento de mujeres con el apoyo y la participación de todos los sectores de la sociedad.
4. Tomar las medidas pertinentes para implementar las distintas recomendaciones realizadas al país en materia penitenciaria, en particular tomar acciones para que los distintos centros penitenciarios y demás establecimientos de privación de libertad cuenten con infraestructuras dignas y seguras, evitando que acontecimientos como estos vuelvan a ocurrir.
5. Asegurar durante todo este proceso la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de derechos humanos, en un ambiente que garantice la consulta permanente.
A la Comunidad Internacional: “recordamos nuestro deber de continuar apoyando decididamente para contribuir a revertir la grave situación de violencia en Honduras y avanzar hacia implementar enfoques que privilegien la acción preventiva, en particular la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad, como parte de sus derechos humanos fundamentales”. hondudiario


