***El acuerdo fue firmado el 27 de agosto por la ministra de finanzas de Honduras, en ese momento, Rocío Tábora, quien se comprometió a pagar a la firma 475 mil dólares hasta el 30 de noviembre y luego un pago por hora.
[su_heading]Tegucigalpa,Honduras[/su_heading]
Una investigación del diario estadounidense The Washington Post, reveló que el gobierno de Honduras contrató un poderoso bufete de abogados en Estados Unidos para presionar a fiscales de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York con la intención de cancelar la investigación que se le seguía al excongresista hondureño, Juan Antonio «Tony» Hernández.
Al exdiputado hondureño y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien anteriormente había sido declarado culpable de cuatro delitos ligados al narcotráfico, se le dictó condenó el martes a cadena perpetua más 30 años de prisión, en un histórico juicio, a cargo del juez federal Kevin Castel.
Con relación a la investigación del rotativo estadounidense, detalla que se obtuvo información por parte de fiscales vinculados al caso de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que el gobierno hondureño contrató a una poderosa firma en septiembre de 2019 para que el bufete presionara en la Corte de Nueva York y así se parara la investigación en contra del excongresista.
Aunque los fiscales no citaron en su informe el nombre del bufete, la investigación de The Whasington Post reveló que se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, «una de las firmas de calzado blanco más elitistas y prominentes de Estados Unidos», cita el medio.
La investigación apunta que el 23 de septiembre de 2019 se reveló una carta de acuerdo firmada el 27 de agosto por la ministra de finanzas de Honduras, en ese momento Rocío Tábora, acordando pagar a la firma 475 mil dólares (unos 11 millones 518 mil 750 lempiras) hasta el 30 de noviembre y luego un pago por hora, para proporcionar servicios legales «en una transacción de los mercados de capitales internacionales».
El acuerdo entre la firma estadounidense y el gobierno de Honduras fue firmado por el socio Eli Whitney Debevoise II, quien representó al país centroamericano hasta el 31 de diciembre de 2019, junto con los abogados Samuel Witten y Arturo Caraballos.
Arnold & Porter anunció en junio de 2020 que Debevoise y Caraballos formaban parte de un equipo corporativo y financiero que asesoró a Honduras en su emisión de 600 millones de dólares (unos 15 mil millones de lempiras) en bonos soberanos a 10 años para refinanciar obligaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El bufete legal tiene relaciones de representación y cabildeo también con Argentina, Corea del Sur, Israel o el equipo del presidente encargado venezolano Juan Guaidó.
Presión a los fiscales
«En una llamada a los pocos días de registrarse como cabilderos extranjeros en septiembre, los abogados de la firma dijeron a los fiscales que no representaban al acusado pero que estaban tratando de hacer ¨diligencia debida¨ para una ¨transacción¨ no especificada», cita el medio norteamericano.
Y agrega: «Los abogados de la firma también advirtieron sobre las ¨consecuencias colaterales¨ del caso, incluido el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras, así como ¨problemas de inmigración no relacionados¨».
Además, The Whasington Post apunta que los abogados de Arnold & Porter llamaron a un testigo experto del gobierno y algunas pruebas demasiado antiguas para ser significativas «en relación con las consecuencias colaterales negativas» en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, y dijeron que planeaban presionar a otras partes del gobierno de los Estados Unidos después de referirse a contactos con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según los fiscales.
Los fiscales no criticaron al bufete de abogados, pero citaron el alcance al condenar el «papel de liderazgo de ambos hermanos Hernández en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado».
Según el juez Kevin Castel de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández envió al menos 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en una acción que el juez calificó como «narcotráfico patrocinado por el Estado» de Honduras, y por lo que el excongresista fue calificado como «un narco a gran escala».
Una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) reveló que durante 15 años Tony Hernández traficó drogas hacia Estados Unidos custodiado por el Estado de Honduras y el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, además se le señala de ordenar crímenes contra narcos enemigos y personas que consideró «peligrosas» ante una posible investigación en su contra.hondudiario/AB
