***EEH solicitó ante la CIDH tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la propiedad privada e integridad personal.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La Empresa de Energía Honduras (EEH), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tome medidas cautelares que garanticen los derechos a la propiedad privada e integridad personal, ante los supuestos abusos cometidos por autoridades de Gobierno con el contrato suscrito entre ambas partes.
En ese sentido y a través de un comunicado, EEH hizo saber que, la medida es ante los constantes abusos cometidos por funcionarios de las autoridades gubernamentales, en relación con el contrato de APP, suscrito el 18 de febrero de 2016, que han llevado al punto de la indefensión al Inversionista Operador, mediante acuerdos emitidos por la Superintendencia de Alianza Público Privada, al haber sido negada la interposición y apelación de recursos respecto de los acuerdos arbitrarios emitidos por esa institución.
Además, que esto ocasiona como principales consecuencias: la violación al debido proceso, el abuso de posición dominante y la indefensión, significando prácticamente la expropiación de inversión extranjera, en contra de los accionistas del inversionista operador.
Por lo anterior, dijo se ha visto obligada a comparecer ante la CIDH, en fecha 11 de junio de 2021, exponiendo ante tal órgano, la gravedad de su situación en Honduras, donde no se están respetando los derechos de la inversión extranjera y se ha negado el derecho a la defensa, hecho inverosímil por parte de un Gobierno que se jacta de “Respetar la seguridad jurídica” y que hace ver a Honduras como un lugar donde no hay seguridad jurídica, no se respeta la ley, las condiciones contractuales, ni la inversión extranjera.
“El Gobierno Nacional, mediante Decreto PCM 081-2020, modificó el Decreto Legislativo No. 118-2013, alterando la composición del Comité Técnico del Fideicomiso, sin respetar las reglas de funcionamiento del Comité, e imponiendo los criterios de no objetividad, parcialidad y prevalecía de conflicto de interés, acciones todas intimidatorias, abusivas e infundadas para atribuir incumplimientos al Inversionista Operador, irrespetando el debido proceso, sin garantizarle sus derechos”, detalló la institución.
EEH solicitó ante la CIDH tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la propiedad privada e integridad personal establecidos en los artículos 21 y 5 de la CADH, de las víctimas ya señaladas
Asimismo, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
También pidió como acciones mínimas necesarias a ser adoptadas, se ponga fin a toda actuación o decisión arbitraria que desconozca las órdenes judiciales internas, y que por el contrario se cumplan las órdenes impartidas por las autoridades judiciales competentes.
Se ponga fin al uso de mecanismos y procedimientos administrativos con los que se incurra en desviación de poder y se busque de manera irregular y abusiva que la EEH abandone la ejecución del contrato.
Y, que se adopten las acciones de investigación y de protección razonables y pertinentes para preservar la integridad personal de los funcionarios de la EEH.
En tal sentido, EEH exhortó a las instituciones del Estado de Honduras, a las autoridades del sector y a quienes las dirigen a respetar el marco normativo, las resoluciones judiciales, y a observar los mandatos legales de las disposiciones contenidas en el Contrato de Alianza Público – Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero.
“En vista de los abusos reiterados por parte de las autoridades del Contrato, EEH se ve en la obligación de reiterar la advertencia de que cualquier acto encaminado a perjudicar los legítimos derechos e intereses del inversionista, sus accionistas, funcionarios y empleados, tales como la imposición de multas, sanciones o intervenciones, al margen del procedimiento legal y en desobediencia de la autoridad judicial, constituyen acciones de expropiación forzosa, una violación al derecho de protección y seguridad plenas y al trato justo y equitativo, establecidos en el Acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual es suscrito por Honduras; el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, aspecto que ha sido informado debidamente ante organismos internacionales y multilaterales, tales como, BM, FMI, BID y BCIE”, finaliza el escrito. GO/Hondudiario
