*** Estos contundentes medios probatorios contundentes, entre ellos pericias biomédicas, informes técnicos, asistencias jurídicas internacionales, declaraciones testificales y cuantiosa documentación, acreditarán a la hora del juicio oral y público lo siguiente.
[su_heading]Tegucigalpa,Honduras[/su_heading]
Para dicha audiencia, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tiene listos 71 medios de prueba con los que buscará demostrar la comisión de dos delitos de fraude y dos delitos de violacion de los deberes de los funcionarios.
Estos contundentes medios probatorios contundentes, entre ellos pericias biomédicas, informes técnicos, asistencias jurídicas internacionales, declaraciones testificales y cuantiosa documentación, acreditarán a la hora del juicio oral y público lo siguiente:
En los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras a través de INVEST-H compró siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.
El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33).
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de INVEST-H.
Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba.
Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.
El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.
Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universitario se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con Coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados, pero para cirugías menores, no para COVID-19.
Los Hospitales Móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público.
Por todo lo anterior, las imputaciones del Ministerio Público se seguirán sustentando en contra de Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de Director Ejecutivo de INVEST-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, Gerente Administrativo de la misma, así como contra Axel Gamaliel López Guzmán acusado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Éste ya tiene orden de captura con alerta roja internacional.
La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas en el caso Hospitales Móviles, al tiempo que se espera que de una vez por todas INTERPOL cumpla con la ejecución de orden de captura contra Axel Gamaliel López Guzmán en Estados Unidos.hondudiario/AB