***Las organizaciones exhortan al estado salvadoreño a que ofrezca garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH), manifestaron su preocupación sobre la utilización del software espía Pegasus en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH), manifestaron su preocupación sobre la utilización del software espía Pegasus en El Salvador.
Las organizaciones se refirieron a los hallazgos del instituto canadiense The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, sobre el supuesto espionaje a editores, reporteros e incluso activistas, que abordan asuntos de relevancia pública.
 Por lo tanto, exhortaron al Estado salvadoreño a investigar los hechos denunciados de manera “efectiva e imparcial, y a velar por la protección de la integridad de las víctimas”.
Por lo tanto, exhortaron al Estado salvadoreño a investigar los hechos denunciados de manera “efectiva e imparcial, y a velar por la protección de la integridad de las víctimas”.
De acuerdo con el peritaje dado a conocer por Citizen Lab, al menos 35 personas de distintos medios y organizaciones civiles fueron intervenidas con el ‘malware’ Pegasus, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group y vendido a gobiernos.
De estos objetivos, al menos 22 personas pertenecen al portal de investigación El Faro, que presumiblemente había permanecido bajo vigilancia entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
 “El peritaje pudo concluir, asimismo, que el acceso a los aparatos telefónicos se habría realizado en fechas específicas que coinciden con momentos en los que el periódico adelantaba, había publicado, o estaba próximo a publicar reportajes de interés público, y en contextos de debates políticos nacionales relevantes”, señala el texto.aristeguinoticias/hondudiario
“El peritaje pudo concluir, asimismo, que el acceso a los aparatos telefónicos se habría realizado en fechas específicas que coinciden con momentos en los que el periódico adelantaba, había publicado, o estaba próximo a publicar reportajes de interés público, y en contextos de debates políticos nacionales relevantes”, señala el texto.aristeguinoticias/hondudiario



