***Las restricciones, dispuestas por 30 días, incluyen “cierres focalizados y temporales en algunas zonas». Sin embargo, desde la oposición denunciaron la «suspención de garantías» y que dijeron que «nadie está exento» de tener inconvenientes con las autoridades policiales.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La primera jornada del régimen de excepción (estado de sitio) en El Salvador se manifestó este con la imagen de un país militarizado, con retenes en calles y rutas, requisas y la preocupación nacional e internacional porque la medida decretada por el presidente Nayiv Bukele, contradice tratados en materia de derechos humanos suscritos por el país.
El estado de excepción decretado por Bukele rige en principio por 30 días, tras el asesinato entre viernes y sábado de 76 personas, atribuidos a la temible pandilla conocida como Mara salvatrucha.
La medida entró en vigencia desde la mañana del domingo a pocas horas de su aprobación exprés en la Asamblea Legislativa. Para especialistas en seguridad el repunte de homicidios tiene que ver con la negociación del gobierno con las pandillas.
Según el decreto, el régimen de excepción implica suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.
Pese a las restricciones que incluyen “cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, el presidente Bukele dijo en Twitter que “los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente”.
“A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, añadió el mandatario, citado por el diario digital elsalvador.com.
Esta declaración fue cuestionada en Twitter por Erika Saldaña, abogada constitucionalista, pues advirtió que “el problema es que a alguien lo consideren sospechoso arbitrariamente”.
Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, fue más allá al criticar que el Ejecutivo no agotó otras alternativas para el combate a la criminalidad antes de ejecutar un régimen de excepción, el cual califica como “una medida bastante extrema” que afecta varios de los derechos fundamentales a la ciudadanía.
“Por ejemplo, una persona que es detenida puede pasar hasta 15 días sin conocer cuál es la imputación, sin conocer cuáles son sus derechos, no puede recibir asistencia legal, porque todo eso se suspende”, explicó. Prosiguió: “Con el tema de la intervención a las telecomunicaciones se pueden intervenir correo electrónico, dispositivos, móviles y acceder a toda la información sin ningún control ni garantía que no se usará para otro fin”.
Para Escobar, el decreto podría prestarse a abusos por parte de las autoridades y tomó como ejemplo las detenciones que se hicieron durante la emergencia del Covid-19 en 2020.
Por tal razón, Saldaña sugirió a la ciudadanía portar su documentación personal en regla para evitar inconvenientes con las autoridades. Alertó que “aunque digan que el decreto va dirigido al crimen organizado, nadie está exento”.telam/hondudiario
