***Las investigaciones de este caso iniciaron a partir de una denuncia recibida por parte de la DLCN en fecha 21 de julio del año 2015, cuyo seguimiento al caso se le denominó Operación Tauro desarrollada el 30 de noviembre de 2017.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
Se trata de José María Salgado Cálix y Marlon Danilo Salgado Moradel, acusados del delito de lavado de activos y capturados el 27 de febrero de 2018, en acciones ejecutadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Los procesados fueron arrestados en el marco de la Operación Dragón II en allanamientos realizadas en el municipio de San Francisco de Becerra, departamento de Olancho y en la aldea Laguna Seca de la misma jurisdicción, en donde también se incautaron un total de 46 bienes inmuebles y seis muebles, entre ellos un restaurante y bar y varias haciendas.
Las investigaciones de este caso iniciaron a partir de una denuncia recibida por parte de la DLCN en fecha 21 de julio del año 2015, cuyo seguimiento al caso se le denominó Operación Tauro desarrollada el 30 de noviembre de 2017.
Los imputados se dedicarían a proporcionar toda la logística necesaria para el aterrizaje de narcoavionetas y traslado de los cargamento de droga desde el departamento de Olancho hasta la República de Guatemala, lo que les habría generado producto de esta actividad ilícita la obtención de fuertes ingresos en los últimos 10 años y que les permitió realizar grandes inversiones en compra de inmuebles (extensiones de tierra), ganado vacuno y otros, consiguiendo con ello un crecimiento económico que los colocó como potentados del municipio.
Se establece que Marlon Danilo Salgado exhibía su fortuna mediante corridos exclusivos a su persona, fiestas y eventos especiales amenizados por el conjunto musical el roble copaneco y que ha dichos eventos incluso se observaba la presencia de los señores Arnulfo y Luis Valle Valle, extraditados por narcotráfico a los Estados Unidos de América.
Lo que se pretende es que se le permita al Ente Acusador evacuar la prueba de cargo para que sea valorado por el órgano juzgador, de manera que se erradique la práctica actual de emitir juicios anticipados sin conocerse el fondo del asunto, que genera impunidad. Hondudiario