*** El Congreso Nacional de Honduras, aprobó la madrugada del viernes 27 de mayo, un decreto que le confiere estatus especial a la Uferco.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El sociólogo y politólogo, Lelys Paz, consideró que, al dar independencia a la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), se están tocando intereses de personas que “tienen cola”.
“Hay que reconocer que se están tocando intereses porque el tema de la legislación reciente va encaminada a realmente enjuiciar y llevar a la cárcel a los corruptos que se han robado gran parte del erario público”, manifestó.
En seguida, Paz refirió que los que están en contra de la autonomía de la Uferco es porque “tienen cola que les pisen”, especialmente “los del Partido Nacional y Liberal”.
La fuente señaló que la independencia otorgada a la Uferco para que investigue actos de corrupción de alto impacto es “enormemente positiva” para la sociedad.
“No sé por qué le tienen miedo, no sé por qué se ocultan y en qué se basan para hacer el zafarrancho y evadir el Hemiciclo sin asumir una responsabilidad que les corresponde”, cuestionó.
El politólogo señaló que, si el Fiscal del del Ministerio Público no funciona en el combate a la corrupción, “se le debe dar facultades a esa instancia para que investigue a los ladrones”.
“Están corriendo ahuyentados como las ratas porque tienen miedo a que los persigan judicialmente y que la justicia les llegue”, insistió.
El Congreso Nacional de Honduras, aprobó la madrugada del viernes 27 de mayo, un decreto que le confiere estatus especial a la Uferco. El decreto autoriza a la Uferco ejercer la acción penal pública de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General de la República, ni de ninguna otra autoridad dentro del Ministerio Público.
Además, el personal asignado a la Uferco gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones realizadas y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, según el dictamen.
En consecuencia, diversos actores sociales y políticos han reaccionado a favor o en contra de dicho decreto. Los que están en contra sostienen que es “inconstitucional”. OB/Hondudiario
