***En su presentación judicial el miércoles, que servirá de argumento legal para una audiencia este jueves, el equipo de Trump no negó que hubiese material clasificado en Mar-a-Lago pero aseguró que eso no debería haber sido motivo de alarma ni haber derivado en una orden de registro.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El equipo de Donald Trump respondió a las más recientes acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ) sobre una posible obstrucción e insitió en que la acción policial en Mar-a-Lago tuvo como objetivo «criminalizar a un expresidente», de acuerdo con la presentación que hicieron a a la corte que analiza el pedido del expresidente de que se nombre un supervisor especial para revisar los documentos incautados por el FBI en su histórico registro de la residencia de Trump en Floridal
La cuestión que se espera sea resuelta en una audiencia este jueves. Está previsto que a la 1:00 pm (hora del este) se realice una audiencia en la corte del Distrito Sur de Florida, en West Palm Beach, en la que comparecerán los abogados de Trump y del DOJ ante la jueza Aileen Cannon, para decidir para deciri sobre el pedido que hace el exmandatario.
En lo presentado el miércoles, que servirá de argumento legal para la audiencia, el equipo de Trump no negó que hubiese material clasificado en Mar-a-Lago pero aseguró que eso no debería haber sido motivo de alarma ni haber derivado en el registro de la propiedad del exmandatario el pasado 8 de agosto.
Según los abogados, era de esperar que se encontrara material clasificado entre los documentos que Trump entregó en enero de este año y que tenía en Mar-a-Lago, ya que eran registros presidenciales. Los abogados insistieron en que el cateo carecía de respaldo legal y sugirieron, sin evidencias, que su cliente mantenía el privilegio de poseer ese tipo de documentos incluso después de dejar la Casa Blanca.
«La enrevesada teoría, que parece ser que la administración de Biden no permitirá que el presidente Trump haga valer el privilegio ejecutivo y, en consecuencia, que no tenga ‘derecho’ a poseer documentos presidenciales y que, por lo tanto, no tenga derecho a oponerse a su incautación, es contraria a la bien establecida doctrina de legitimación», argumentan los abogados.
“Es la expectativa razonable de privacidad en el hogar de uno lo que desencadena la posición obvia del propietario para impugnar una búsqueda en esas instalaciones”.
Sin embargo, en la presentación que hacen no aseguran que los documentos estaban desclasificados, como ha asegurado Trump en redes sociales sin presentar evidencia de que así haya sido.
En sus argumentos, el equipo legal de Trump alega que la Ley de Registros Presidenciales no tiene un mecanismo propio de aplicación, por lo que el gobierno no tendría una base legal para incautar los archivos que Trump se llevó a Mar-a-Lago y no devolvió en más de un año y medio después de haber dejado el cargo, pese a varias solicitudes de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) y una citación judicial.
“La ley exhorta a un expresidente a interactuar con el archivista para garantizar la preservación de los registros presidenciales, pero no obliga al expresidente a tomar ninguna medida en particular con respecto a esos registros”, dijeron los abogados.
El DOJ alega posible obstrucción y Trump insiste en que hubo cooperación
La presentación judicial del equipo legal de Trump el miércoles fue la respuesta oficial al informe que publicó el martes el Departamento de Justicia (DOJ) en el que se alega que hubo intentos de obstrucción a su investigación y que “probablemente se ocultaron y sacaron registros del gobierno” de un almacén en Mar-a-Lago.
En su informe, el DOJ aporta más información sobre la gran cantidad de documentos clasificados que se recuperaron pero centra su caso en determinar si el equipo de Trump los engañó de forma deliberada sobre la presencia continuada e ilegal de secretos oficiales en Mar-a-Lago.
Como respuesta, los abogados de Trump aseguran que habían cooperado durante meses con NARA, aunque el DOJ rechaza esa afirmación.
En su informe del martes, el DOJ expuso una amplia cronología de las comunicaciones entre sus funcionarios y el equipo del expresidente, que datan de 2021, cuando NARA detectó que faltaban documentos oficiales de la administración de Trump por archivar.
Los abogados de Trump no hicieron referencia específicamente a las acusaciones de obstrucción que hizo el Departamento de Justicia, ni explicaron por qué el expresidente mantenía esos documentos en su residencia privada, que además funciona como un club social, por lo que no lo consideran un lugar seguro, como alega el equipo del expresidente.
Los comentarios de Trump sobre la polémica foto de documentos clasificados
Adjunta a su presentación del martes en respuesta a la solicitud de Trump de nombrar a un perito independiente al que encargarle revisar los documentos incautados, el DOJ publicó una foto en la que se pueden ver varios tipos de documentos etiquetados como alto secreto, esparcidos sobre la alfombra de una habitación, junto a una caja de portadas de la revista Time.
En una publicación en su red social Truth Social, el propio Trump aseguró que había desclasificado todos esos documentos que aparecen en la foto, aunque no hay evidencias de esto.
“Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso (¡quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo!) y luego comenzó a tomarles fotos para hacerlo público», escribió Trump. «¿Pensaban que querían que se mantuvieran en secreto? ¡Suerte que lo desclasifiqué!”, añadió.
En la imagen no se ve ninguna información de alto secreto, sino solo la portada de los documentos, con su etiqueta, algunas identificadas como ‘TOP SECRET//SCI’ con bordes amarillos y una identificada como ‘SECRET//SCI’ con el borde rojizo, junto a otras páginas cuyo contenido se oculta en la imagen.
Además del nombramiento del supervisor especial, Trump ha pedido un recibo detallado y sin censurar de todo lo que se llevaron de su casa y la devolución de todo lo que no estuviera incluido en la orden judicial.
Según la solicitud de Trump, tanto él como el solicitado perito especial deberían tener copias de los materiales incautados, de la orden de allanamiento y de los materiales que se usaron para obtenerla.
La pasada semana, un juez aceptó la petición de un grupo de medios de prensa estadounidenses de publicar el atestado con que el FBI obtuvo la orden de registro, pero esta se publicó fuertemente censurada, con gran parte del texto tachada, ya que según el DOJ contiene información sensible que puede influir en la investigación en curso.
El pasado fin de semana, la jueza Cannon dijo que estaría dispuesta a designar el peritaje que solicitó Trump, pero agregó que primero quería escuchar qué tenía que decir al respecto el DOJ. El departamento ha rechazado la petición del exmandatario y, a modo de respuesta, presentó el informe de este martes, en el que alega posible obstrucción a la investigación por parte del equipo de Trump.
El DOJ ha dicho que nombrar a un maestro especial sería «innecesario» e interferiría en la investigación criminal, así como en la evaluación de riesgos que realiza la comunidad de inteligencia. Univisión/Hondudiario
