***De acuerdo al requerimiento fiscal, los dos exfuncionarios aprobaron la compra directa de una sala de aislamiento móvil para la atención de personas con COVID-19 por un monto de cinco millones 560 mil 278 lempiras.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El juzgado de Letras en Materia de Corrupción en audiencia inicial dictó sobreseimiento definitivo al exviceministro de Salud, Nery Cerrato, por el delito de falsificación de documentos públicos.
Mientras que, el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco), Gabriel Rubí, recibió sobreseimiento provisional por el delito de fraude, no obstante, el juez le dictó medidas distintas a la prisión preventiva por violación de los deberes de los funcionarios.
La resolución del juez establece que la prueba evacuada en la audiencia no demostró la supuesta participación de los implicados en los delitos sobreseídos.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los dos exfuncionarios aprobaron la compra directa de una sala de aislamiento móvil para la atención de personas con COVID-19 por un monto de cinco millones 560 mil 278 lempiras.
El juez explicó en su resolución que ambos imputados como representantes del comité técnico científico estaban facultados para sugerir la compra mediante ley para la atención de pacientes con COVID-19.
Argumentó que los documentos firmados para la compra estaban dentro de las facultades otorgadas, por lo que no existió el delito de falsificación de documentos públicos.
De igual forma, el juez estableció que no se logró probar el acuerdo colusorio entre el excomisionado de Copeco y la empresa DLX Enterprises.
Ambas partes procesales que no estén de acuerdo con la resolución pueden interponer el recurso de apelación dentro de un plazo en los siguientes tres días hábiles.
Reacción
Al respecto, la abogada Doris Imelda Madrid, defensa del exviceministro Cerrato dijo sentirse más que satisfecha porque en realidad se hizo justicia.
“Mi defendido, don Nery Cerrato en ningún momento ha faltado a la verdad de los hechos; el tema de la adquisición de esas carpas móviles que inicialmente eran para Roatán y después se instalaron en Villanueva, Cortés, por la urgencia, son temas que se hablaron en la reunión del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)”, explicó Madrid.
La experta en leyes lamentó el actuar del Ministerio Público que indicó sí falta a la verdad al hacer una imputación, ordenar capturarlo y exhibirlo ante la sociedad.
A su juicio, la acusación contra su defendido no tuvo fundamento, y acusó a la Fiscalía de practicar una justicia draconiana.
Por su parte, Gabriel Rubí, anunció que apelará decisión del Juzgado de Letras en Materia de Corrupción quien resolvió en audiencia inicial un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión.
Luego de conocer la resolución, dijo que presentará un recurso de apelación al auto de formal procesamiento por considerar que existe un delito de violación a los deberes de los funcionarios.
“Hay veces resulta algo contradictorio que se nos haya reconocido la celeridad con la que actuamos en función de atender la emergencia de manera expedita”, inició diciendo el exfuncionario.
Agregó que la carpa fue utilizada por un aproximado de 33 mil personas de la zona en el marco de la pandemia, pero el requerimiento fiscal que la compra de la carpa móvil por más de 5 millones de lempiras mediante contrato de manera directa. GO/Hondudiario
