Roberto Contreras pide protección y denuncia a vicealcalde de SPS y fiscal de la Uferco

***Tildó al fiscal Santos como “corrupto” tras denunciar que se ha confabulado con el vicealcalde para sacarlo de su cargo.

[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]

El alcalde de San Pedro Sula, ratificó este miércoles que su vicealcalde, Omar Menjívar y el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, están conspirando en su contra.

Confirmó que interpuso denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), que ha solicitado medidas de protección al Ministerio Público (MP), además que presentará denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese sentido, tildó al fiscal Santos como “corrupto” tras denunciar que se ha confabulado con el vicealcalde para sacarlo de su cargo.

Aseguró que el fiscal del Ministerio Público quiere hacerle un favor a su “íntimo amigo” convirtiéndole en alcalde de San Pedro Sula si logra inhabilitarlo con un requerimiento fiscal.

Asimismo, denunció que las actuaciones de estas dos personas corresponden a prevaricato, conspiración y un golpe a la alcaldía de la ciudad industrial.

“La voluntad de 153 mil sampedranos que votaron por nuestra candidatura está siendo burlada por un fiscal golpista y un vicealcalde golpista”, indicó.

El edil sampedrano sostuvo que él ha perdido la paz y que no posee el tiempo para estar en los juzgados.

“Estoy de pie ante mi enemigo y estoy de rodillas ante Dios, lo que son ellos son un par de golpistas”, añadió.

Señalo que muchas personas han sufrido confabulación y la instrumentalización de una persona “que se quiere creer un gran fiscal”.

Agregó que Luis Javier Santos ha perdido todos los casos de corrupción que ha llevado en los juzgados.

“Ahora quiere una medalla que diga ‘yo destituí al alcalde de San Pedro Sula’ y que le diga a la presidenta que quiere ser fiscal general, él es un corrupto”, mencionó.

Contreras consideró que el alcalde de San Pedro Sula es un botín político para emplear a 1,500 personas.