***El exjefe de Estado se encuentra en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) tras el fallido autogolpe. Un juez decidirá el pedido de detención preliminar contra el exmandatario dentro del plazo de ley.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
Este jueves, desde las 10:00 a.m., el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tuvo una audiencia con el fin de evaluar el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para que el exjefe de Estado tenga detención preliminar tras el fallido autogolpe.
Después de casi una hora de escuchar todas las partes, el magistrado Juan Carlos Checkley, quien lleva el caso, dijo que la resolución será dictada dentro del plazo de ley, o sea, en 7 días.
Puede pasar 20 años en prisión
En el Título XVI del capítulo I de la Constitución, referente a acciones que atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.
El abogado constitucionalista Erick Urbina matizó en RPP que Castillo cometió una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”, de modo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos”.
“Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”, dijo Urbina.
Durante cerca de media hora, el paradero de Castillo fue desconocido hasta que la Policía informó que un grupo de efectivos lo intervino, según las facultades y “atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L. (decreto legislativo) n.° 1267″.
“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, escribió la institución.
La Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales tras el “quebrantamiento del orden constitucional”, en un video grabado por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.
Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos. Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la Av. España. La fiscal Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, encabezaron la diligencia en la prefectura.
En la diligencia se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico-legal, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Vacado
“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.
Asimismo, ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves) y que “se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, agregó.
A raíz de la vacancia, la abogada izquierdista Dina Boluarte juró ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia del país, tras la destitución por el Parlamento de Castillo
A la ceremonia, celebrada en el hemiciclo legislativo, acudieron congresistas y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron ovacionados por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional. Infobae/Hondudiario