*** La Comisión pidió al Estado hondureño tratar con urgencia la tragedia y a adoptar medidas inmediatas y efectivas.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que resultaron en la muerte de 46 mujeres privadas de libertad.
La Comisión pidió al Estado hondureño tratar con urgencia la tragedia y a adoptar medidas inmediatas y efectivas, con perspectiva de género, para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres bajo custodia, y garantizar la no repetición de los hechos.
Además, advirtió que estas muertes se produjeron en un contexto de violencia que caracteriza los centros penitenciarios de Honduras desde hace años, derivado de la lucha por el poder entre las estructuras criminales; y, en la actualidad, como manifestación en contra de acciones estatales de combate a la criminalidad organizada.
Durante su reciente visita in loco, la CIDH recibió información sobre situaciones de corrupción que «facilitan el ingreso de armas y la pérdida, por parte del Estado, de la gobernanza y el control de los centros de detención, abriendo espacio para un sistema de autogobierno liderado por las estructuras criminales, especialmente en los centros de máxima seguridad y la Penitenciaría Nacional Femenina».
De manera particular, la Comisión destacó la solicitud presidencial dirigida al Poder Judicial para conceder medidas sustitutivas a todas las mujeres con detención preventiva en la PNFAS, así como a aquellas que padecen enfermedades terminales, sumado a las acciones en apoyo a las familias afectadas que incluyen la proporción de un subsidio económico.
Las acciones mencionadas deben incluir: implementación de protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad, incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior, imponer controles efectivos para impedir el ingreso de armas y otros objetos ilícitos y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.
Por último, la Comisión reiteró lo señalado en su informe Situación de derechos humanos en Honduras, y recordó que las y los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados, son las personas idóneas para atender a la reinserción social y realizar funciones de administración y seguridad interna de las personas privadas de libertad.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la materia. PC/Hondudiario
