*** Sánchez Velásquez aceptó que es cierto que en las muertes de las mujeres hubo uso de munición policial.
[su_heading size=»7″ margin=»10″]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, y el fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, aceptaron este lunes públicamente que en la masacre de 46 mujeres en Támara se utilizaron armas y municiones de la Policía Nacional.
Las declaraciones del ministro confirman la denuncia de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien señaló que en la matanza ocurrida el 20 de junio del presente año se ejecutó con armas y municiones de uso policial.
Es un hecho que armas y municiones de la Policía fueron parte de los artefactos usados en la masacre, además de que otros crímenes también se han cometido con armamento oficial del Estado hondureño, según reconoció Sánchez Velásquez en el programa Frente a Frente.
No obstante, aclaró que, “jamás hemos girado una orden arbitraria que pueda ser constitutiva de delito”.
Para el ministro no era necesario entrar en los detalles de la matanza, pues se investigan a quienes estaban al frente del centro penitenciario femenino de Támara, y toda la cadena de mando que tendría responsabilidad en la custodia al momento de suceder el trágico suceso.
Sánchez Velásquez aceptó que es cierto que en las muertes de las mujeres hubo uso de munición policial, pero defendió que “en esta administración no se han sacado municiones y armas”, y matizó que en otros hechos violentos igual se han encontrado armas de la Policía Nacional.
En tanto, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen, reconoció que, sí hubo munición oficial durante la masacre desmedida de las féminas.
“Lamentablemente sí, eso fue una evidencia en la pericia”, pero nos dispensamos de expresar criterio “porque no exponemos a la Policía, sino al Estado hondureño”, dijo.
Por su parte, la comisionada de Derechos Humanos Blanca Izaguirre, quien también participo en el foro, solicitó al ministro Sánchez Velásquez desbloquear la información y entregarla al Conadeh, siguiendo la ley orgánica de la institución para poder verificar la situación de las cárceles. OB/Hondudiario
