*** Según el ombudsman hondureño, el país ha sido dirigido «por servidores de intereses y opciones personales o de grupos que, para ello, recurren al abuso o desviación de poder, desmantelando ciertas garantías constitucionales y democráticas y obstaculizando la construcción soberana del diseño normativo constitucional para vivir en sociedad justa con dignidad y bienestar».
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
«En materia de Estado democrático de Derecho, en Honduras, del juicio, en Nueva York, en el caso Estados Unidos de América contra el ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández: sólo evidencia la profundidad y gravedad de males públicos que debemos contribuir a resolver como ciudadanía», sostiene el ex comisionado Nacional de los Derechos Humanos, doctor Roberto Herrera Cáceres.
Sumergidos en la influencia mediática, ligada al juicio contra el ex mandatario hondureño, en un tribunal de EEUU, donde fue declarado culpable, el primer periódico digital de Honduras, hondudiario.com, entrevistó al doctor y jurista internacional Roberto Herrera Cáceres, para conocer su opinión «sobre las repercusiones en materia de policrisis del Estado democrático de Derecho en Honduras, por los testimonios y veredicto de culpabilidad en el juicio, en Nueva York, cuya sentencia será dictada en junio del año en curso.
Para el doctor Roberto Herrera Cáceres, «el alcance de lo acontecido en ese juicio; reafirma y precisa la profundidad de las raíces amenazantes del crimen organizado, en especial la narcoactividad, y la gravedad de sus consecuencias negativas sobre la pacífica y productiva convivencia social de todo el pueblo. Amenazas que, entre otros males públicos, afectan y obstaculizan el cumplimiento efectivo de la Constitución, normativa internacional y leyes compatibles que deben conducir siempre al fomento y logro de vida digna y bienestar, en paz y libertad, en la sociedad hondureña».
«Recordemos que el Estado Constitucional de Derecho vigente en Honduras asegura nuestra organización y desarrollo como República democrática y su imperativo funcionamiento por medio de gobiernos e institucionalidad que fomenten el desarrollo y progreso hacia una sociedad justa que dignifique la vida de las personas y familias de toda nuestra población y su bien común. Sin embargo, a pesar de su obligatoriedad la Constitución no se cumple total y debidamente lo que imposibilita el avance en sociedad democrática, subsistiendo y agravándose la injusticia social en la realidad cotidiana», agregó.
En tal sentido, según Herrera Cáceres, «Ello explica que, a pesar de cuarenta y dos años de haber entrado en vigencia la Constitución, aún no hemos avanzado significativamente en su aplicación efectiva por falta de la debida ejecución de los deberes u obligaciones constitucionales por las personas que se desempeñan en los gobiernos que gestionan el Estado y la institucionalidad pública; y en la institucionalidad de la sociedad».
Dicho de otra manera, «hemos sido dirigidos por servidores de intereses y opciones personales o de grupos que, para ello, recurren al abuso o desviación de poder, desmantelando ciertas garantías constitucionales y democráticas y obstaculizando la construcción soberana del diseño normativo constitucional para vivir en sociedad justa con dignidad y bienestar, y protección del territorio nacional y sus recursos», indicó.
Según el ombudsman hondureño, estos hechos «han contribuido que, como ciudadanía, no hayamos ejercido responsable y totalmente nuestros derechos ni cumplido nuestros deberes constitucionales en el funcionamiento de la institucionalidad de la sociedad, ni en lo que respecta a velar solidariamente tanto por la legitimidad de origen en la elección de los servidores públicos como en el ejercicio de sus funciones y atribuciones; y ha faltado participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y su contribución activa al logro del fin social supremo del Estado democrático de Honduras».
«El narcotráfico y crimen organizado, así como corrupción, impunidad, terrorismo, violencia, abuso y desviación de poder son males públicos que, entre otros, amenazan constantemente al pueblo y que requieren de respuestas decisivas en materia de acción unitaria del Gobierno e institucionalidad pública en aplicación efectiva del Estado democrático de Derecho, con apoyo de la ciudadanía, en prevención, control, sanción y efectivo cumplimiento de penas y rehabilitación. Para lo cual necesitamos realizar ciertamente el restablecimiento del Estado constitucional de Derecho y su obligatoriedad imperativa de cumplimiento por los integrantes de los gobiernos y de la sociedad», remarcó.
A ese efecto, apremia activar la soberanía ciudadana, en especial promoviéndola y asistiendo a la juventud con el apoyo dialógico de las demás generaciones que coexistimos actualmente, según el entrevistado y asesor internacional; «Ello haría posible el cambio y distinguirnos por seguir la ruta de la transformación, eliminando las prácticas viciosas de la denominada “clase política”, mediante la legitimación democrática de la elección y desempeño, en su origen y ejercicio, de los sucesivos integrantes de gobiernos del Estado en la obligación imperativa de comportamiento y actuación sometidos, en todo caso, al imperio de la constitución y las leyes en dirección del fomento de vida digna y bienestar común en justa sociedad democrática en el Estado de Honduras».
Es decir que estamos impulsando la respuesta de la sociedad o pueblo fundamentada en patriotismo constitucional y en ejercicio cierto de derechos políticos y soberanía de la ciudadanía hondureña. «Estamos en un período de transición hacia la respuesta decisiva por la unidad solidaria de las personas que habitamos Honduras, constatando que hay una mayor toma de conciencia general en cuanto a la necesidad de cambio y transformación nacional con el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución para lograr vida digna y bienestar común de las personas en sociedad democrática justa, en territorio y recursos debidamente protegidos y utilizados, en Honduras», indicó.
Indicó que, en resumen, las repercusiones en materia de Estado democrático de Derecho, en Honduras, del juicio, en Nueva York, en el caso Estados Unidos de América contra el ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández: «sólo evidencia la profundidad y gravedad de males públicos que debemos contribuir a resolver como ciudadanía. Pero, es de precisar paladinamente que la justicia federal de los Estados Unidos de América no podría juzgar, como no lo ha hecho, al pueblo de Honduras o nuestro vigente Estado constitucional democrático de Derecho».
Asimismo señaló que la acusación y culpabilidad por delito de conspiración para tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos de América y uso de armas es personal contra el compatriota Juan Orlando Hernández, a quien se le imputa haber utilizado indebidamente su investidura oficial, con abuso o desviación de poder, en ocasión de su desempeño público como diputado y Presidente de la República, «es responsabilidad personal que se le imputa al acusado y en esa condición el jurado norteamericano ha declarado su culpabilidad».
indicó además que el veredicto que será seguido, en el mes de junio, de sentencia judicial que precisará los fundamentos o motivaciones y fijará las penas de la correspondiente condena, sin afectar el derecho a recurrir del fallo ante instancia judicial superior, que en «cuanto a apelar esa sentencia, tal como ha sido anunciado por la defensa. La presunción de inocencia es un elemento esencial de la efectividad de realización del derecho de defensa que cesa o le acompaña al acusado hasta que la sentencia quede firme y no sea susceptible de otros recursos, dando así por concluido el proceso judicial», puntualizó Herrera Cáceres. MO/Hondudiario.
