SOBERANIA Y AUTODETERMINACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Construcción del diseño de vida en sociedad democrática y Estado de Derecho, en aplicación debida de la vigente Constitución de la República.
Por: Dr. Roberto Herrera Cáceres
“Patriotismo, es amor a la patria; y patria es la nación, el pueblo o la sociedad que, celebrando un mismo pacto, se han sometido a una misma ley… ¡Ley’! ¡Ley! Ella es la que salva a las naciones en sus más inminentes peligros. El plan de la ley es en las crisis más grandes, el plan menos arriesgado, el más seguro, el más útil, el menos costoso”. José Cecilio Del Valle
La norma jurídica – política fundamental del Estado es la Constitución de la República de 1982 que deriva del ejercicio de la soberanía del pueblo y de su libre determinación. Por medio de esa norma el pueblo o sociedad hondureña objetiva normativamente el propósito superior de garantizar el respeto y la protección y promoción de la dignidad de la persona humana como fin social supremo del Estado y la sociedad, con la organización de Honduras como República que, para el logro de ese objetivo social superior, deberá ser gestionada siempre por un Gobierno democrático y pluralista, sometido al imperio del Estado de Derecho.
En esa dirección, la Constitución de la República incluye lineamientos del diseño que debe construirse con el fomento e impulso sistemático de la gestión estatal por medio del Gobierno democrático pluralista con la administración pública competente que, al servicio exclusivo de los intereses generales de la población, asegure el bien común y una sociedad justa en Honduras. Por lo que el Gobierno debe legítimamente gestionar el Estado como instrumento neutral a sistemas políticos y económicos; y concentrarse en actuar en observancia y con aplicación de las normas constitucionales para el cumplimiento del fin supremo del Estado democrático, mediante políticas públicas y acciones eficaces que aseguren respeto y protección de la dignidad de la persona humana, el bienestar común y el progreso social del pueblo o sociedad, sin discriminación.
Las normas que conforman ese orden público son de aplicación imperativa y de autoridad superior en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que deben cumplirse, en condiciones de igualdad, mediante un diálogo permanente de la ciudadanía con los gobiernos respectivos, conducente a avanzar en el proceso de consolidación democrática y en la efectividad cierta del Estado de Derecho. Ese orden constitucional vincula tanto a toda la población como, con mayor razón, a todos los ciudadanos (as) que, siendo representantes del pueblo o de la población en el desempeño de cargos en los poderes e instituciones del Estado, deben inexcusablemente respetar, obedecer, promover, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Esa es la esencia del Estado Constitucional de Derecho en Honduras que obliga imperativamente a gobernantes y gobernados, y orienta hacia una sociedad que defienda y promueva las condiciones para la plena realización de las mujeres y los hombres, en su dignidad humana, mediante la gestión debida de la república democrática, pluralista, representativa y participativa, con arreglo al vigente Estado Constitucional de Derecho.
Sin embargo, en Honduras, el imperativo sometimiento a la supremacía de la Constitución y su observancia y cumplimiento, así como el respeto nacional a la dignidad humana aún no es todavía la regla general, y por ello, en lugar de consolidarlos, se debilita progresivamente la República democrática y el Estado de Derecho, en Honduras. Ese peligroso debilitamiento se agrava por la persistente situación de inseguridad jurídica, incertidumbre, confusión, temor, violencia, corrupción y otros aspectos negativos en la convivencia social, incluyendo la disminución de la confianza de la población en sus expectativas democráticas; en la institucionalidad pública, social y privada; y en el acceso a la justicia que garantice – a las personas y sociedad hondureña – el goce y disfrute efectivo de sus derechos humanos y del bienestar común.
Los espacios que va dejando el ejercicio democrático del poder legitimo del Estado Constitucional los van ocupando -entre otros autores – las estructuras de la autocracia, del abuso y la desviación de poder; de la corrupción, impunidad y violencia; del crimen organizado, la narcoactividad y delitos conexos. Males públicos que agravan la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad social, y producen nuevas amenazas a la seguridad humana del pueblo, obstaculizando el funcionamiento eficaz del Gobierno e institucionalidad pública en la legítima gestión efectiva del Estado democrático de Derecho, por medio del desarrollo sostenible en Honduras. Por ello, importa mucho dar mayor atención y seguimiento al comportamiento de los ciudadanos(as) que representan al pueblo en todos los poderes e institucionalidad del Estado, y de los que laboran en el servicio de la administración pública, fomentando siempre la cohesión y solidaridad social en las reivindicaciones de nuestros derechos a la dignidad humana, a la democracia real y al efectivo Estado de Derecho que garantice bienestar personal, familiar y el de la sociedad.
Ante esa situación, el pueblo o sociedad hondureña debe plantarse pacíficamente en solidaria actitud soberana en defensa y reivindicación de la consolidación democrática y del Estado de Derecho; y apoyar sólo a gobiernos que – además de ser legítima y libremente electos por la ciudadanía soberana – desempeñen también legítimamente la gestión del Estado democrático de Derecho hacia su supremo fin social, con coherentes políticas públicas y medidas que evidencien la determinación de resolver progresivamente – mediante planificado desarrollo sostenible incluyente y fomento de una educación constante en cultura democrática y derechos humanos – problemas estructurales que generan frecuentes vulneraciones de derechos humanos e impedimentos a la dignificación de la subsistencia y al avance del bienestar común y progreso social del pueblo o sociedad hondureña.
El ejercicio del poder soberano y de autodeterminación del pueblo o sociedad se lleva a la práctica realizándolo mediante la selección consciente y responsable de buenos ciudadanos (as) a candidatos (as) y a la elección de los mejores para que representen a toda la ciudadanía en la integración del Gobierno que dirigirá el funcionamiento del Estado. Esa elección debe ser seguida por la participación política también consciente y responsable de la ciudadanía en esa gestión del Estado por el Gobierno electo, incluyendo lo relativo al funcionamiento de los partidos políticos. Ese ejercicio del poder de la ciudadanía comprende iniciativas, veeduría social, transparencia, control, seguimiento, rendición de cuentas, acciones de amparo y de inconstitucionalidad. En la actualidad, la ciudadanía y sociedad tienen además acceso a “tecnología política” de estos nuevos tiempos para mejorar la forma y el efecto de velar por el respeto a su titularidad de soberano de Honduras, dialogando, fiscalizando, observando, denunciando y manifestándose en movilización ciudadana.
En conclusión, hay necesidad urgente de realizar ciertamente el restablecimiento del Estado constitucional de Derecho y de la obligatoriedad imperativa de su cumplimiento por toda la sociedad y todos los integrantes del Gobierno y las instituciones del Estado, teniendo presente siempre que el mismo Estado también está sometido al imperio de la vigente Constitución de la República.
El poder soberano de la ciudadanía es el más valioso y efectivo instrumento para asegurar la consolidación democrática en la vida cívica y política de la República democrática como Estado de Derecho que posiciona el Gobierno del Estado de Honduras donde debe estar y la dirección única que debe inexcusablemente seguir siempre en su funcionamiento al servicio exclusivo al pueblo entero o sociedad hondureña, fomentando avances en bienestar y progreso social, para garantizar ciertamente el disfrute progresivo de la dignidad humana de las personas en Honduras.
Con esa concreta y pluralista voluntad democrática de cambio y transformación nacional, se atenderá debidamente las reales necesidades, prioridades y expectativas nacionales, superando las condiciones de pobreza y subdesarrollo, y fomentando, cada vez más, una sociedad democrática y justa, para todas y todos los hondureños. Daremos así respuestas concretas a necesidades actuales ya conocidas y experimentadas por casi toda la población hondureña y a otras eventuales, así como a las expectativas de que las nuevas generaciones puedan continuar mejorando su calidad de vida, conforme al Estado constitucional de Derecho y su evolución en el orden nacional e internacional.
Lograrlo depende de la unidad y acción solidaria del pueblo o sociedad nacional con ese propósito común y la participación proactiva de la ciudadanía, ejerciendo su poder soberano y de titular de la autodeterminación nacional, en la política y gestión pública interna del Estado; y en su proyección y gestión en las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales. RHC
