*** La ejecutiva enfatizó que la mención de confiscación podría dañar la percepción de Honduras como destino para la inversión.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras.[/su_heading]
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió este martes que hablar de confiscación puede tener repercusiones negativas en la inversión nacional e internacional, en el contexto del conflicto entre la empresa Belco y el Gobierno.
Gallardo destacó la importancia de resolver el conflicto con Belco, una empresa generadora de energía en Guanaja, Islas de la Bahía, dentro del marco legal del país. Subrayó el compromiso del Cohep con la defensa de la libre empresa y abogó por abordar las disputas legales de manera apropiada.
“Consideramos que el tema de confiscación es una mala imagen para la inversión tanto nacional como para el extranjero. Creo que la situación que se está dando con esta empresa debe manejarse en términos legales lo que ellos tienen que presentar y nosotros como empresario lo que sí queremos defender es el principio de la libre empresa”, declaró.
La ejecutiva enfatizó que la mención de confiscación podría dañar la percepción de Honduras como destino para la inversión, tanto nacional como extranjera: “El tema de confiscación puede ser una mala imagen para la inversión nacional y extranjera”.
Además, lamentó los cortes de energía que afectan a toda la población hondureña y subrayó la necesidad de invertir en generadores de energía y combustibles, lo cual representa un costo adicional para las empresas y los consumidores.
“Es un golpe fuerte a todo el pueblo hondureño, no sólo a los que estamos involucrados en la producción, aquí se afecta desde el más pequeñito hasta el más grande”, adicionó.
Gallardo también recomendó explorar fuentes de energía alternativas, como las energías renovables, que podrían contribuir tanto a mitigar los problemas ambientales como a garantizar un suministro más estable de energía.
La presidenta del Cohep abogó por una gestión cuidadosa por parte del Gobierno, ya que los afectados por estas decisiones son todos los hondureños. OB/Hondudiario
