*** En resumen, se han denunciado graves irregularidades en la administración de estos fideicomisos, que habrían permitido la malversación de aproximadamente 95,000 millones de lempiras entre 2012 y 2023.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, confirmó oficialmente el primer caso de supuesta corrupción en el actual Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, en el Instituto de la Propiedad (IP), caso que fue denunciado al Ministerio Público para su investigación.
La supuesta corrupción, Ochoa la ligó a cuatro casos de la administración pasada, también presentados en el MP, manejo de recursos de Tasa de Seguridad, por L. 30 mil millones; en el IP L. 19 mil millones; del programa Vida Mejor L. 38 mil millones e Invest-H por L. 8,500 millones.
El funcionario presentó denuncias por el manejo fraudulento de cuatro fideicomisos, entre ellos uno vinculado a Darío García, actual ministro de Copeco y compañero de gabinete, en el Instituto de la Propiedad, por fondos no liquidados de 3 mil millones de lempiras. Ochoa detalló que el informe presentado ante el Ministerio Público describe el manejo irregular de cuatro fideicomisos por un monto de 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023, violando las normas establecidas por la Ley de Contratación del Estado.
Específicamente, expuso que el fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Foro Nacional de Convergencias (Fonac) y un representante de la Presidencia de la República. Entre 2012 y 2022, se ejecutaron alrededor de 30 mil millones de lempiras de manera secreta. En este contexto, se encontraron 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación y ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso, incluyendo la compra del avión presidencial, alquiler de fideicomisos, adquisición de cuatro mil vehículos de patrullas, cámaras de seguridad y escáneres, entre otros.
Ochoa explicó que el fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad se convirtió en un símbolo de corrupción público-privada, malversando alrededor de 19 mil millones de lempiras entre 2015 y 2022. Por iniciativa de la presidenta Xiomara de Zelaya, se liquidó este fideicomiso del IP. Sin embargo, durante la administración de Darío García, quien asumió la secretaría del IP en 2022, no se reportaron a la Secretaría de Finanzas más de 3 mil millones de lempiras, contraviniendo el mandato ejecutivo.
“Desde estas cuentas desembolsaron más de dos mil millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023 al margen de la ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la casa única del tesoro como mandaba el decreto ejecutivo de liquidación y su reglamento”, dijo Ochoa a periodistas.
Los fondos fueron desviados a través de ONG y empresas constructoras, financiando subrepticiamente obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin procedimientos transparentes, según denunció el ministro de Finanzas.
Entre marzo y junio de 2022, indicó que la unidad coordinadora de proyectos del IP contrató dos ONG (Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras y la Asociación Ayudando con Amor) por un monto superior a 150 millones de lempiras, sin entregar la liquidación de esos fondos a la Secretaría de Finanzas.
El de Vida Mejor, es tercer fideicomiso denunciado por Ochoa, ejecutado en una cuenta del Banco Central de Honduras (BCH), que manejó más de 38 mil 500 millones de lempiras entre 2014 y 2022, originados del incremento del Impuesto Sobre Venta del 12 al 15 por ciento.
El cuarto fideicomiso denunciado, correspondiente a Invest-H, manejó fondos por más de 8,500 millones de lempiras entre 2018 y 2022, provenientes del impuesto a los combustibles. Este fideicomiso destacó por el escándalo relacionado con la compra de hospitales móviles, que implicó un fraude por más de 1,100 millones de lempiras.
Según Ochoa, en total, 82 fideicomisos fueron administrados directamente y sin la supervisión de los órganos contralores del Estado, incluyendo los cuatro previamente señalados, manejando en conjunto cerca de 95 mil millones de lempiras. La denuncia presentada fue sustentada con diversos documentos, entre ellos resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias y listados de las empresas y ONG contratadas por los fideicomisos y que el ministro entregó a la Fiscalía. OB/Hondudiario
