CUMBRE DEL FUTURO Y CUESTION CRUCIAL DE DIGNIDAD Y DERECHOS DE LA HUMANIDAD.
Por: Roberto Herrera Cáceres
.- Escritor -Jurista internacional – Ombudsman (2014 – 2020)
.- Exembajador y Representante Permanente ante la ONU.
– Primer Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Ciento noventa y tres gobiernos actuales de los Estados miembros estarán representados al más alto nivel, del 22 al 30 de septiembre, en la Asamblea General para debatir, encontrar e introducir cambios que serían parte de un Pacto para conseguir un futuro mejor para las personas y el planeta; y, en consecuencia, realizar una restructuración de todos los instrumentos de la ONU, para adecuarlos al propósito de cumplir esa superior meta general de la Organización de las Naciones Unidas.
En ejercicio de ciudadanía mundial, es de reiterar el consenso generalizado de los pueblos sobre la necesidad de lograr el objetivo de asegurar ese mejor futuro para las personas y el planeta; y de adecuar a ese cambio toda la estructura funcional de la ONU.
Sin embargo, la previa cuestión crucial a ser resuelta es la de precisar si en adelante la ONU – tal como está previsto expresamente desde su origen y en la evolución el estado de Derecho en vigor – procederá conforme a la superior meta general de garantizar la vida digna de toda la humanidad en el planeta, asegurando la protección y promoción de la dignidad y derechos de los seres humanos y la salvaguarda del planeta Tierra; o sí continuará actuando y tomando decisiones como lo ha hecho confusamente hasta ahora, sobre la base equivoca según la cual el objetivo específico e intermedio que es la paz y seguridad internacionales es “objetivo supremo” de la ONU.
Como ciudadano de los pueblos soberanos de los Estados miembros de la ONU: es de reiterar el deber de los gobiernos y de la Organización de corregir esa equivocación porque debido a ella se ha dejado – en segundo plano – al bien común de la humanidad, como lo evidencia las situaciones de las actuales policrísis y permacrísis en la realidad mundial.
Por consiguiente, es obligación de los gobiernos de todos los Estados miembros corregir ese agravio que se hace a la humanidad. Desde 1945 hasta la fecha, la historia testimonia que los Estados y las organizaciones internacionales han sido lo que los gobiernos han querido que sean, sujetándolos a sus propias y arbitrarias opciones del momento, más que a las exigencias propias de la naturaleza jurídico – política de los Estados conforme al estado de Derecho, en vigor.
Eso explica el porqué de la situación actual de la humanidad – en particular – de los pueblos de los Estados en desarrollo – después de haber transcurrido casi ochenta años de seguir ese equívoco orden y sistema internacional que ha brindado espacios de diálogo pluralista y de cooperación internacional a los gobiernos de los Estados, pero aún no han significativamente impactado en la promoción y protección de la dignidad y derechos del ser humano o de la humanidad que es su expresa meta general suprema.
Es así que, a esta fecha, el balance muestra graves conflictos y amenazas provenientes de gobiernos de Estados que someten a sus pueblos a la autocracia, las guerras, la violencia, al crecimiento incontenible del crimen organizado, la narcoactividad y el terrorismo, la corrupción, la desprotección del planeta que cohabitamos y de otros males públicos que niegan también – a la humanidad sufriente – la posibilidad de salir de la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión social.
Ello evidencia el insuficiente nivel de cumplimiento de buena fe – por gran parte de gobiernos de los Estados miembros – de los compromisos constitucionales y de la normativa jurídica internacional correspondiente. En el estado de democracia y el estado de Derecho en vigor y su desarrollo progresivo: no hay otro bien común distinto al del bienestar y progreso social de los pueblos y de la humanidad, en su conjunto. Por lo que debe corregirse ese peligroso rumbo arbitrario y desviado de los gobiernos y hacerse hincapié en la protección de la dignidad del ser humano y en el cuidado del planeta Tierra que lo sustenta, en su condición de meta general y objetivo superior de la ONU, con renovada visión del presente de la humanidad y su futuro.
Más allá de la euforia, del entusiasmo u optimismo ante la próxima Cumbre del Futuro y de la eventual la adopción de un Pacto: se impone verificar prioritariamente si el objetivo de la Cumbre “ de elaborar un plan práctico para conseguir un futuro mejor para las personas y el planeta”, trae consigo un expreso compromiso de real transformación con el cambio de actitudes y comportamientos de los gobiernos y de su sujeción al imperio del Derecho en cumplimiento debido de las obligaciones imperativas contraídas por los respectivos Estados.
Cortar ese nudo gordiano, requiere de acciones audaces de los estadistas. Esa es la respuesta esperada por los pueblos soberanos que demandan – en todos los regímenes formalmente democráticos – que sus gobiernos se subordinen y cumplan con el estado de Derecho, garantizando el bien común del pueblo mediante el respeto, la promoción y protección de la dignidad y los derechos de todas las personas. Esa es la finalidad superior de la sociedad política – nacional e internacional – que está también vinculada permanentemente con la esencia y el avance de la civilización.
Esa es la parte vulnerable o débil de la organización universal y es la cuestión crucial a la que los gobiernos y la ONU deben dar paladina respuesta para garantizar que la gestión de los Estados se realice conforme al estado de Derecho en vigor y a su desarrollo progresivo; y para dar seguridad de efectividad a las transformaciones que se anuncien en el Pacto para el Futuro.
Este es el mensaje de ciudadanía mundial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los ciento noventa y tres Estados miembros.
