*** Solórzano señaló que la Corte debe actuar con responsabilidad, defendiendo el Estado de derecho.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, ha expresado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrentará una votación “reñida” en torno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto 04-2022, relativo a la amnistía política.
Según Solórzano, el fallo del pleno podría inclinarse en cualquier dirección, lo que mantiene en vilo a diversos sectores del país.
Solórzano explicó que la Corte podría optar por una de tres resoluciones. La primera alternativa es que se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad, lo que implicaría que la Corte ratificaría la vigencia del decreto. En palabras del abogado, “creo que la votación podría llegar a ser reñida, posiblemente 8 a 7 en contra”.
Otra opción que considera el jurista es que la Corte decida declarar el recurso con lugar. En este escenario, Solórzano comentó que se aplicarían dos principios latinos: ex nunc o ex tunc. Sin embargo, advirtió que, “veo muy remota la posibilidad de que se declare con lugar y con efecto retroactivo (ex tunc), lo que estaría descartado”. Pese a esto, reconoció que “la opción de una declaración con efecto a partir de ahora (ex nunc) la veo con cierta probabilidad, aunque muy baja”.
La tercera vía que Solórzano prevé es que el pleno de la Corte decida declarar la inconstitucionalidad parcial del decreto. El abogado recordó que, si bien hubo víctimas de persecución política tras los acontecimientos de 2009, el decreto ha permitido que individuos involucrados en delitos comunes y de corrupción se beneficien. “Esto es impunidad”, señaló.
Para el presidente del CAH, la solución más adecuada sería la declaración de inconstitucionalidad, al menos de manera parcial, eliminando del decreto aquellos delitos que no están vinculados con la política.
“La mejor salida sería declarar la inconstitucionalidad, incluso parcial, eliminando aquellos delitos que no están relacionados con la política y presentando el decreto como lo que realmente es”, enfatizó.
Solórzano también alertó sobre el riesgo que esta amnistía podría representar para el futuro político de Honduras. Según explicó, si el decreto se mantiene como está, “esto puede ser utilizado de manera inapropiada por la clase política, especialmente por aquellos sin principios”, advirtiendo de la posibilidad de que los partidos manipulen las amnistías para evadir la justicia.
El abogado insistió en que la Corte Suprema de Justicia tiene una enorme responsabilidad en este momento crítico, ya que su fallo podría afectar la lucha contra la corrupción, tema clave para la venida de la CICIH al país. “Si declaramos sin lugar la inconstitucionalidad, estaríamos diciendo adiós a cualquier mecanismo de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país”, puntualizó.
Además, hizo hincapié en cómo la percepción internacional sobre la seguridad jurídica de Honduras se verá afectada, señalando que mantener el decreto tal como está podría empeorar la imagen del país en los índices globales que miden este aspecto.
Solórzano concluyó que la Corte debe actuar con responsabilidad, defendiendo el Estado de derecho, ya que su decisión tendrá un impacto duradero en el panorama político y jurídico de Honduras. OB/Hondudiario
