Tegucigalpa, Honduras
Honduras ha tenido un año 2024 lleno de diferentes acontecimientos que han quedado en la impunidad, tales como asesinatos, altos índices de corrupción y pobreza extrema según organizaciones, la no llegada de la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), la cancelación del Tratado de Extradición aunado a la corrupción del Gobierno oficialista.
Uno de los eventos más importantes, inició en falso a mediados de febrero, cuando un tribunal de Nueva York prorrogó el juicio por narcotráfico al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Ya entonces, en medio de un invierno nevado, cerca del barrio chino en Manhattan, a las puertas de la corte del distrito sur, se habían juntado decenas de hondureños para asegurarse un sitio en el que se pintaba como el juicio más importante en la historia del país centroamericano.
El juicio a Hernández arrancó a finales de febrero. Por primera vez desde que juzgó al dictador panameño Manuel Noriega en 1992, también por narcotráfico, la justicia estadounidense sentaba en el banquillo a un hombre que había sido presidente de un país.
Las olas de aquel juicio aún resuenan en Honduras, cuya política, a pesar de que Hernández está ya preso y condenado, sigue marcada por la influencia del narco.
Al final, el 8 de marzo, el juez Kevin Castel leyó el veredicto de culpabilidad al que habían llegado doce jurados tras dos semanas de juicio. Hernández, de 55 años entonces, fue condenado a pasar los próximos 45 años en la cárcel.
Lejos de la prisión en que el expresidente hoy pasa los días, en Honduras, el país que gobernó entre 2014 y 2022, sigue marcado por la influencia que los grandes traficantes de cocaína han tenido en la política nacional.
El gobierno de Xiomara Castro, la sucesora de Hernández, está en su etapa final, marcado también por señalamientos de vínculos entre la familia de la presidenta y los mismos narcotraficantes con los que Juan Orlando Hernández se coludió.
No fue un año menos convulso en los países vecinos, Guatemala y El Salvador, que junto a Honduras comparten la porción norte del istmo centroamericano, la región que la política exterior estadounidense dio por llamar el Triángulo Norte.
Guatemala, la más grande y próspera de los tres vecinos, vivió el año que termina en constante convulsión política por el enfrentamiento sin tregua entre el presidente Bernardo Arévalo, un social demócrata moderado que tomó posesión el 15 de enero, y la fiscal general del país, Consuelo Porras, a quien el gobierno de Joe Biden en Washington listó como funcionaria corrupta y antidemocrática.
Y en El Salvador, el más pequeño de los tres, toda la vida política, social y económica estuvo marcada por un solo nombre, el de Nayib Bukele, el popular presidente que se reeligió con el apoyo de la gran mayoría de votantes a pesar de que la Constitución del país prohíbe un segundo periodo presidencial consecutivo.
Los tres países esperan 2025 con la incertidumbre de los posibles efectos que generará la política migratoria de Donald Trump, el presidente electo en Estados Unidos, quien asume su segundo mandato el 20 de enero próximo y ha prometido deportar de inmediato a millones de indocumentados, entre ellos a miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Honduras: un narcoestado que se resiste a desaparecer
El año terminó como había arrancado, con un escándalo generado por la enésima revelación de los tratos entre el narcotráfico y el poder político. A inicios de septiembre de 2024, el periodista Jeff Ernst publicó un video en el que aparecen varias personas con narcotraficantes, entre ellos Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de la banda Los Cachiros, una de las más poderosas y letales de Honduras la década pasada.
Uno de los que ahí departe es Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y entonces vicepresidente del Congreso. En el video, Zelaya habla con Rivera Maradiaga de un soborno para “el comandante”, un hombre al que medios y políticos hondureños identifican como Manuel “Mel” Zelaya, el esposo de la presidenta.
Johel Zelaya, el fiscal general de Honduras, dijo haber abierto un expediente tras la publicación del video, e incluso anunció que entrevistaría a los Zelaya y a otras personas. Sin embargo, con 2024 a punto de terminar, no está claro si el Ministerio Público ha avanzado con esas investigaciones. Carlos Zelaya renunció al Congreso, pero por ahora no hay imputaciones en su contra.
Rivera Maradiaga, el hombre que aparece hablando de entregar dinero al “comandante” en aquel video, es una figura central en la historia reciente del narcotráfico hondureño.
Jefe de Los Cachiros desde finales del siglo pasado, Rivera fue uno de los principales involucrados en el ensanchamiento de las rutas de la cocaína en Honduras y fue, también, un emprendedor: él y su hermano Javier involucraron a los políticos hondureños en sus negocios, los sobornaron e incluso crearon compañías para hacerse con contratos estatales. Los Cachiros eran letales: Devis Leonel Rivera ha aceptado que él participó, como autor material o intelectual, en más de 50 homicidios.
El Cachiro, como también se le conoce, empezó a colaborar con la DEA en 2013 y a partir de entonces grabó sus reuniones con políticos hondureños como Carlos Zelaya, y con otros que lo llevaron hasta el expresidente Juan Orlando Hernández.
Poco después de aquello, Rivera se entregó a la justicia estadounidense y desde entonces guarda prisión en Nueva York, donde su testimonio ha sido utilizado como prueba en varios juicios, entre ellos el de Hernández.
El 12 de diciembre pasado, Rivera Maradiaga también fue testigo en una audiencia del proceso judicial contra Midence Oquelí Martínez, un político hondureño asociado con el narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y quien fue socio político de la familia política de la presidenta Castro.
Durante esa audiencia de diciembre, el Cachiro dio más detalles de su relación con la política hondureña y profundizó en la línea narrativa que atraviesa todos sus testimonios, la de un Estado nacional al que el crimen organizado y el narcotráfico han infiltrado por completo sin importar el signo político de quienes lo gobiernan.
Cuando Juan Orlando Hernández era juzgado, entre febrero y marzo de 2024, el fiscal general Johel Zelaya envió a Nueva York a un grupo de sus agentes para recoger información y, si era necesario, abrir nuevos expedientes en Honduras.
Tras la condena al expresidente, Zelaya anunció que abriría varias líneas de investigación, y fuentes del Ministerio Público dijeron a Infobae que una de ellas incluye a Ana García de Hernández, la exprimera dama. Poco se sabe, sin embargo, qué ha pasado con esos expedientes. AB/Hondudiario/Infobae
