*** El estado de excepción, que se encuentra en vigor desde hace dos años y un mes, finaliza este domingo.
El dirigente del transporte Jorge Lanza manifestó que los transportistas ya no muestran interés respecto a si el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro decide extender o no el estado de excepción que culmina este domingo 5 de enero, tras haber sido prorrogado 17 veces consecutivas.
Lanza expresó que, “da igual que lo amplíen, que lo mantengan o que no lo mantengan”, en referencia a la medida implementada hace más de dos años con el objetivo de combatir el delito de extorsión, que afecta particularmente al sector transporte.
El estado de excepción, que se encuentra en vigor desde hace dos años y un mes, finaliza este domingo. Lanza relató que ha sido víctima del robo de cuatro unidades de transporte y la quema de tres, situaciones por las que nunca se ha encontrado a los responsables. Además, denunció que el sector continúa enfrentando elevados costos y víctimas mortales debido a la extorsión.
Sobre la posibilidad de una nueva prórroga, Lanza declaró que estaría de acuerdo solo “si nosotros no tuviéramos que poner los muertos, los buses robados”. Asimismo, reiteró la petición de una reunión de trabajo que incluya a todas las partes relevantes, así como a la presidenta Xiomara de Zelaya.
El estado de excepción, extendido en 17 ocasiones, ha sido aplicado a 17 de los 18 departamentos del país.
Varias de estas extensiones han sido ratificadas en el Congreso Nacional sin un amplio debate sobre su efectividad y control, mientras que en al menos tres ocasiones no se han ratificado formalmente.
Esta medida excepcional suspende varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, de asociación, reunión y circulación, otorgando a las fuerzas policiales poderes para realizar detenciones y allanamientos sin necesidad de una orden judicial.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier suspensión de derechos debe ser temporal, proporcional y acorde con las necesidades de la situación, y cualquier extensión debe someterse a un riguroso análisis basado en estos principios.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y agencias de la ONU han reportado casos de posibles violaciones cometidas bajo el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas, especialmente contra jóvenes de sectores vulnerables. OB/Hondudiario
