*** El estado de excepción, extendido en 17 ocasiones, ha sido aplicado a 17 de los 18 departamentos del país.
El estado de excepción en Honduras, en vigor desde diciembre de 2022 y que finaliza este domingo 5 de enero, ha sido criticado por su limitada efectividad en la lucha contra el crimen organizado y por generar múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Diversos organismos nacionales e internacionales advierten sobre abusos como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, lo que ha puesto en entredicho la necesidad y proporcionalidad de esta medida excepcional.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que, el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, propicia que algunos agentes del Estado estarían utilizando esa investidura para infringir la Ley y violentar los derechos humanos de la población.
El Conadeh ha llevado un registro de quejas desde la implementación del estado de excepción en diciembre del 2022 y, hasta julio del 2024, hay más de 660 quejas en contra de agentes de seguridad.
Los más denunciados, según el Conadeh, son los miembros de la Policía Nacional con 248 quejas, seguida por la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) con 177 y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con 127.
El estado de excepción, extendido en 17 ocasiones, ha sido aplicado a 17 de los 18 departamentos del país. Varias de estas extensiones han sido ratificadas en el Congreso Nacional sin un amplio debate sobre su efectividad y control, mientras que en al menos tres ocasiones no se han ratificado formalmente.
Esta medida excepcional suspende varios derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, de asociación, reunión y circulación, otorgando a las fuerzas policiales poderes para realizar detenciones y allanamientos sin necesidad de una orden judicial.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier suspensión de derechos debe ser temporal, proporcional y acorde con las necesidades de la situación, y cualquier extensión debe someterse a un riguroso análisis basado en estos principios.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y agencias de la ONU han reportado casos de posibles violaciones cometidas bajo el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas, especialmente contra jóvenes de sectores vulnerables.
El dirigente del transporte Jorge Lanza manifestó que los transportistas ya no muestran interés respecto a si el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro decide extender o no el estado de excepción que culmina este domingo 5 de enero, tras haber sido prorrogado 17 veces consecutivas.
Lanza expresó que, “da igual que lo amplíen, que lo mantengan o que no lo mantengan”, en referencia a la medida implementada hace más de dos años con el objetivo de combatir el delito de extorsión, que afecta particularmente al sector transporte.
El estado de excepción, que se encuentra en vigor desde hace dos años y un mes, finaliza este domingo. Lanza relató que ha sido víctima del robo de cuatro unidades de transporte y la quema de tres, situaciones por las que nunca se ha encontrado a los responsables. Además, denunció que el sector continúa enfrentando elevados costos y víctimas mortales debido a la extorsión.
Sobre la posibilidad de una nueva prórroga, Lanza declaró que estaría de acuerdo solo “si nosotros no tuviéramos que poner los muertos, los buses robados”. Asimismo, reiteró la petición de una reunión de trabajo que incluya a todas las partes relevantes, así como a la presidenta Xiomara de Zelaya.
Reducción de homicidios
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, informó que la tasa de homicidios en Honduras durante 2024 cerró en 26 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales difundidos.
A través de su cuenta en la red social “X”, Sánchez compartió cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional (UTECI). En su publicación, destacó la tendencia de reducción en los índices de homicidios registrada a lo largo de la última década.
Aunque la proyección inicial situaba la tasa en 25.3 por cada 100 mil habitantes, las cifras definitivas reflejan un cierre en 26.8. Según la gráfica adjunta en la publicación, se registraron dos mil 653 homicidios en 2024, lo que representa una disminución de 703 casos en comparación con el año anterior.
El titular de Seguridad atribuyó estos resultados a las estrategias implementadas para prevenir, disuadir y controlar la delincuencia. Entre las medidas destacó el estado de excepción parcial, al que calificó como una “herramienta jurídica importante en la aplicación de la ley”. OB/Hondudiario
