*** La socióloga insistió en que el Ministerio Público debe demostrar que las acciones legales en curso no son parte de un ataque político.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, expresó este lunes que el principal desafío para el Ministerio Público es demostrar que el proceso judicial contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, no constituye una persecución política.
Castellanos, quien fue parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) creada tras el Golpe de Estado de 2009, hizo hincapié en la necesidad de que se garantice justicia para las víctimas de dicho golpe.
La socióloga insistió en que el Ministerio Público debe demostrar que las acciones legales en curso no son parte de un ataque político, un reto clave para la credibilidad del ente investigador. “El reto del Ministerio Público ahora es demostrar que no es persecución política”, declaró Castellanos.
En el marco de la CVR, la comisión presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”, que documentó 11 víctimas de la violencia ocurrida durante ese período, entre ellas Isis Obed Murillo, cuya muerte se convirtió en un símbolo de la brutalidad desatada durante el Golpe de Estado. Castellanos subrayó que las víctimas tienen derecho a recibir investigaciones imparciales y justas.
La exrectora destacó que la Fiscalía tiene la responsabilidad de representar a la sociedad en su totalidad, actuando en favor de las víctimas y en cumplimiento de su obligación de garantizar el acceso a la justicia.
En ese sentido, instó a las autoridades a ampliar las investigaciones, especialmente hacia otros crímenes en los que se sospecha la participación de agentes del Estado.
Entre los casos mencionados por Castellanos se incluyen el asesinato de Alfredo Landaverde, conocido como el Zar antidrogas, así como el de Arístides González y la joven universitaria Keyla Martínez, quien fue encontrada muerta en una estación policial en Intibucá.
Castellanos advirtió que, si el Ministerio Público se enfoca exclusivamente en el caso de Romeo Vásquez Velásquez, tras más de 15 años de inacción, podría ser acusado de actuar con fines políticos.
La socióloga resaltó la necesidad de que las investigaciones incluyan a actores de diversos sectores, para evitar que el proceso judicial sea percibido como una venganza política, lo que podría empañar el propósito de la justicia. “De no hacerlo, el calificativo de persecución política se agrandará”, añadió Castellanos.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros dos militares, fue acusado de homicidio en relación con los eventos del 28 de junio de 2009, cuando se perpetró el Golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Este lunes, los tres fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara. OB/Hondudiario
