*** Conadeh solicitó se recomiende al Estado hondureño, aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura en el marco de la celebración de IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), solicitó se recomiende, al Estado hondureño, aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ajustada a los estándares internacionales sobre independencia judicial y se establezcan garantías para los jueces en el país en el desarrollo de su función no puedan sufrir algún tipo de coacción en la aplicación de los procesos.
El Conadeh emitió una serie de observaciones donde detalló las preocupaciones sobre diversos temas, entre ellos los relacionados con los temas judiciales, el documento fue presentado previo a la realización del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones se detalló la ausencia de esta Ley del Consejo de la judicatura, remarcando que la falta de esta permea la institucionalidad judicial en lo referente a la estabilidad laboral de los jueces, ya que no se garantiza el “Principio de Inamovilidad del Juez”, lo que permite la coacción.
Además, destacan las múltiples irregularidades en el nombramiento y ascensos, en virtud que estos pueden estar motivados por criterios políticos o personales por sobre los méritos y la experiencia judicial debido a la falta de un proceso suficientemente riguroso, considerando dichas prácticas como parte del mal funcionamiento de la carrera judicial.
“La ausencia de una Ley de Carrera de la Judicatura propicia un mayor riesgo y vulnerabilidad ante las influencias externas y la corrupción, ya que la estabilidad del cargo podría depender de las influencias políticas o económicas de diversos tipos de actores”, describió el Conadeh.
Honduras no cuenta con una Ley de la Carrera Judicial, debido a que el año 2016 desde se declaró inconstitucional la normativa que regulaba la función judicial permitiendo que desde ese momento las decisiones administrativas, nombramientos o destituciones de los jueces dependan de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). HS/Hondudiario
