*** Desde la REHEF se cuestiona la lógica que ha venido marcando la política financiera del país en los últimos años: una dependencia creciente del endeudamiento externo, sin una estructura clara que garantice resultados concretos en la mejora de la calidad de vida de la población.
Mientras el país enfrenta altos niveles de pobreza, desempleo y una frágil institucionalidad, el Congreso Nacional aprobó recientemente tres nuevos préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un total de 190 millones de dólares, unos cinco mil millones de lempiras, una decisión que ha generado fuertes reacciones en sectores sociales y económicos, especialmente desde la Red Hondureña de Educación Financiera (REHEF).
Aunque los préstamos están destinados a financiar proyectos con aparente potencial de impacto social, como la igualdad de género, la inclusión social y la reactivación del sector cafetalero, el debate de fondo va más allá de los fines: ¿es sostenible seguir endeudando a un país tan pobre como Honduras, sin garantizar un retorno en inversión real y desarrollo sostenible?
Un país que paga más de lo que invierte
Desde la REHEF se cuestiona la lógica que ha venido marcando la política financiera del país en los últimos años: una dependencia creciente del endeudamiento externo, sin una estructura clara que garantice resultados concretos en la mejora de la calidad de vida de la población.
“El problema no es solo cuánto se pide prestado, sino cuánto de eso realmente se convierte en inversión productiva. Honduras está en una ruta peligrosa de más deuda y menos inversión efectiva”, advirtió REHEF en un comunicado.
Los préstamos recién aprobados se distribuyen de la siguiente manera:
- 80 millones de dólares para programas de igualdad de género e inclusión social.
- 70 millones de dólares para programas de preinversión e inversión pública, enfocados en mejorar la capacidad del Estado para planificar y ejecutar proyectos.
- 40 millones de dólares para la reactivación del sector cafetalero y la modernización de BANADESA.
Aunque los montos y los propósitos parecen adecuados en papel, la ejecución es la gran deuda pendiente del Estado hondureño. Según REHEF, muchos de los fondos aprobados en el pasado han sido mal gestionados o desviados, sin rendición de cuentas clara y sin impacto visible.
¿Política social o maquillaje financiero?
El gobierno ha defendido los préstamos argumentando que estos recursos son clave para dinamizar la economía y reducir brechas sociales, especialmente en un contexto de alta desigualdad y limitaciones fiscales. Sin embargo, voces críticas dentro del Congreso y fuera de él denuncian que sin reformas estructurales profundas, el endeudamiento solo amplía el déficit y posterga los verdaderos cambios que el país necesita.
“Lo que se necesita no son solo préstamos, sino una visión de desarrollo coherente, con capacidad de ejecución, transparencia y resultados”, señala el comunicado.
Una deuda que crece más rápido que la esperanza
Honduras ya supera los 18 mil millones de dólares en deuda pública, lo que representa una carga cada vez más difícil de sostener para una economía altamente vulnerable. La falta de inversión en sectores clave como salud, educación, infraestructura y empleo juvenil, contrasta con la creciente carga del servicio de la deuda, que consume buena parte del presupuesto nacional.
¿Hasta cuándo puede sostenerse este modelo? Para REHEF, la respuesta es clara: no se puede construir desarrollo real sobre una montaña de préstamos que no se traducen en bienestar.
El dilema de Honduras no es solo financiero, sino ético y político. Mientras los préstamos continúan aprobándose con facilidad, la deuda se convierte en una sombra larga que amenaza con hipotecar el futuro de generaciones enteras. Más que nuevos créditos, lo que el país necesita con urgencia es capacidad de gestión, transparencia y un verdadero compromiso con una inversión pública que genere desarrollo y no solo cifras en rojo.
