*** Zamora Marroquín y Campo son considerados como “presos políticos” por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
El Gobierno de Guatemala expresó su rechazo enfático a la solicitud de detención emitida por una Sala de Apelaciones local en contra de la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez, exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)
Mediante un comunicado divulgado este lunes, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que emitió la orden de captura, no cuenta “con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, por lo que manifestó su rechazo “enfáticamente” a la misma.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, expuso el Ejecutivo de Arévalo de León.
La orden de detención fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco y obedece a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
La sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.
Zamora Marroquín y Campo son considerados como “presos políticos” por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
El Gobierno de Arévalo de León añadió en el comunicado que “ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia” para las “aclaraciones diplomáticas correspondan”. EFE
