*** El Cespad pide establecer un pacto interpartidario mínimo para garantizar elecciones limpias y recuperar la conducción institucional del proceso electoral.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó un informe de análisis crítico titulado “Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras”, en el que se alerta sobre múltiples amenazas que podrían comprometer la transparencia, legitimidad y estabilidad del proceso electoral en marcha.
El estudio, basado en una observación rigurosa y el monitoreo de estándares internacionales de derechos humanos, revela que lejos de corregirse las deficiencias evidenciadas en las elecciones primarias de marzo, se han profundizado los problemas estructurales, operativos y políticos que rodean la preparación de los comicios generales previstos para el 30 de noviembre.
Entre los principales hallazgos del informe se identifican diez riesgos clave, agrupados en cinco categorías: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia. Estos incluyen:
Aprobación tardía del presupuesto electoral, que impide iniciar a tiempo contrataciones estratégicas como el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) y la auditoría externa.
Déficit grave en la capacitación de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con improvisación en la formación técnica y brechas digitales especialmente en zonas rurales.
Ausencia de protocolos técnicos y reglamentos especiales, lo que genera vacíos legales que favorecen decisiones discrecionales y conflictos entre actores políticos.
Fallas logísticas en la entrega de materiales electorales, como las registradas el 9 de marzo, que derivaron en retrasos de más de 12 horas y protestas ciudadanas en el Distrito Central y San Pedro Sula.
Fragmentación del Consejo Nacional Electoral (CNE), marcada por divisiones partidarias internas, renuncias de personal técnico.
Opacidad en las contrataciones públicas, incluyendo un caso de presunto fraude por más de 64 millones de lempiras, actualmente bajo investigación del Ministerio Público. Débil fiscalización del financiamiento político, con baja presentación de informes financieros, falta de sanciones efectivas y bloqueo del acceso público a los datos de aportes.
Polarización legislativa y uso político de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional, sin garantías de debido proceso ni control jurisdiccional. Interferencia del sistema de justicia en el proceso electoral, con investigaciones que podrían derivar en destituciones o paralización del CNE.
Incremento de la violencia electoral, con al menos 15 casos documentados entre asesinatos, atentados y amedrentamientos a candidatos y simpatizantes.
“El país está frente a una coyuntura crítica. Las condiciones actuales hacen temer que las elecciones generales se desarrollen en un contexto de desconfianza, improvisación institucional y posible desestabilización política”, sostiene el informe.
Ante esta situación, el CESPAD formuló una serie de recomendaciones urgentes, entre las que destacan:
Establecer un pacto interpartidario mínimo para garantizar elecciones limpias y recuperar la conducción institucional del proceso electoral.
Aprobar de inmediato el presupuesto electoral y garantizar la ejecución técnica del cronograma. Emitir y publicar con urgencia todos los reglamentos técnicos y protocolos especiales pendientes, involucrando a partidos, observadores y ciudadanía.
Cumplir con las obligaciones legales de transparencia en las contrataciones públicas, y permitir auditoría social sin obstáculos. Fortalecer la fiscalización del financiamiento político y garantizar el acceso a la información sobre los aportantes financieros.
Promover medidas para prevenir y sancionar la violencia electoral, protegiendo a candidatos, activistas y ciudadanía en general.
El informe concluye que, de no tomarse medidas inmediatas y efectivas, Honduras corre el riesgo de celebrar unas elecciones con graves déficits de credibilidad, lo que podría desencadenar una nueva crisis de gobernabilidad con consecuencias profundas para la democracia, la cohesión política y la confianza ciudadana en las instituciones. AB/Hondudiario
