*** A nivel nacional, las denuncias de extorsiones se triplicaron en los últimos años. Pasaron de 6.651 en 2022 a 20.293 en 2024, según cifras detalladas en un proyecto de ley.
En los diez años en los que Sofía y su esposo residen en Samanes, un barrio del norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, nunca habían tenido miedo de quedarse en casa hasta que, hace unos días, unos explosivos destruyeron dos viviendas vecinas y en la calle encontraran panfletos, aparentemente de una banda criminal, con la advertencia de pagar el dinero que exijan si no quieren correr la misma suerte.
“Estamos llenos de miedo, nos hemos unido entre vecinos para tomar medidas”, dijo a EFE la pareja, que lamentó que las extorsiones hayan llegado hasta esa zona sin ningún freno, tal como ya ha acorralado a empresas, escuelas, comercios y hasta al transporte público, a los que bandas criminales exigen “cuotas” que a veces sobre pasan los 10.000 dólares.
A nivel nacional, las denuncias de extorsiones se triplicaron en los últimos años. Pasaron de 6.651 en 2022 a 20.293 en 2024, según cifras detalladas en un proyecto de ley contra las economías criminales vinculadas al ‘conflicto armado interno’ que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró desde 2024 para enfrentar al crimen organizado.
Y aunque, según ese mismo documento, los casos han disminuido en 2025, el comandante de la Policía, Pablo Dávila, alertó de las millonarias ganancias que sigue dejando a las bandas este delito en ciudades como Guayaquil, epicentro de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador.
Solo en el barrio Socio Vivienda, en el noroeste de la ciudad, “cada familia paga dos dólares diarios a Los Tiguerones”. Eso, sumado a las extorsiones al transporte y a negocios, “representa dos millones de dólares anuales para esta estructura criminal”, dijo Dávila. EFE
