*** Honduras no puede seguir normalizando la muerte, la institucionalidad debe responder.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), manifestó su profunda preocupación y repudio ante la alarmante escalada de violencia que afecta al país, evidenciada en los recientes asesinatos de los comunicadores sociales Javier Antonio Hércules Salinas y Carlos Gilberto Aguirre.
Este nuevo episodio de violencia se suma a una cadena sostenida de ataques contra sectores históricamente vulnerados como los defensores y defensoras de derechos humanos, liderazgos ambientales, mujeres, niñas y niños y periodistas. Esta situación no es excepcional ni aislada, ya que responde a un contexto estructural de impunidad, debilitamiento institucional y desprotección sistemática que compromete el Estado de derecho.
El caso de Javier Hércules, quien estaba en el Mecanismo Nacional de Protección, pone en evidencia una falla crítica en la operatividad y eficacia del mecanismo. Pese a estar oficialmente reconocido como periodista en riesgo, fue asesinado sin que existiera una respuesta preventiva efectiva por parte del Estado. Este hecho no solo expone la fragilidad institucional, sino que obliga a revisar con urgencia los protocolos de evaluación, respuesta y seguimiento del mecanismo.
Asimismo, el asesinato de Carlos Aguirre, reconocido cronista deportivo en Juticalpa refleja el abandono de garantías mínimas para el ejercicio libre del periodismo y la comunicación comunitaria en regiones fuera de la capital, donde los niveles de inseguridad son aún más graves.
Ante este contexto el FOSDEH exige una auditoría técnica independiente al Mecanismo Nacional de Protección. Es urgente una revisión integral de su estructura operativa, criterios de riesgo, protocolos de actuación y capacidad real de respuesta. Esta auditoría debe ser pública, contar con participación de sociedad civil y permitir ajustes inmediatos para garantizar su eficacia.
También, mecanismos eficaces de investigación y sanción contra la impunidad, en el cual exigieron al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con independencia y celeridad, priorizando estos crímenes como delitos contra la libertad de expresión y los derechos humanos. La impunidad no puede seguir siendo la norma.
Un fortalecimiento institucional con enfoque territorial, en el que urge el diseño e implementación de políticas públicas de prevención de la violencia con enfoque territorial, que incluyan recursos específicos para proteger sectores históricamente vulnerados en zonas rurales y comunidades en alto riesgo.
Así como la implementación de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
Citaron que la violencia que vivimos en Honduras no es solo una expresión del crimen, es también el reflejo de una crisis profunda de institucionalidad, donde el silencio, la impunidad y la inacción generan un entorno cada vez más hostil para la vida y la democracia. Honduras no puede seguir normalizando la muerte, la institucionalidad debe responder. El país exige justicia y protección. AB/Hondudiario
