*** Herrara dijo que es “sumamente preocupante” que los casos que son judicializados o condenados, son muy bajos, estos presentan un 91 por ciento de impunidad a nivel nacional.
El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, habló sobre el informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), referente al tema de la extorsión y criminalidad que deja al estado de excepción como una idea fallida, por tanto, exigió al Gobierno emplear una estrategia para reducir esta problemática.
Herrara dijo que es “sumamente preocupante” que los casos que son judicializados o condenados, son muy bajos, estos presentan un 91 por ciento de impunidad a nivel nacional.
Mientras que de cada uno de 10 hondureños sufre de extorsión, dejando como resultado un total de 384 mil familias que están expuestas a este flagelo.
Por lo tanto, esto solamente genera dudas ya que las autoridades no han atacado el problema desde su raíz y la problemática continúa creciendo aceleradamente en el país.
En noticias recientes, A dos años y medio de la instauración del estado de excepción que cubre el 75 por ciento del territorio nacional, los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, mientras persisten altas tasas de homicidios y se registran quejas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, señaló este viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Desde diciembre de 2022, el gobierno hondureño ha aplicado un estado de excepción en 21 ocasiones, mediante declaratorias que no han cumplido con lo establecido en la Constitución de la República para su aplicación. En algunos casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional se ha realizado hasta con 30 días de retraso y en otros, la declaratoria no fue ratificada. Actualmente, la medida se aplica a 223 de los 298 municipios de Honduras, es decir que el 91 por ciento de la población hondureña es objeto de restricción de derechos en el marco del estado de excepción.
Y aunque la medida no ha resuelto la crisis de criminalidad pese a que fue presentada como la principal estrategia del gobierno para enfrentar la violencia, su implementación ha sido ilegal y carente de planificación técnica. Más preocupante aún, los resultados no justifican su continuidad. Un estudio de ASJ revela que el porcentaje de victimización por extorsión aumentó de 9 por ciento en 2022 (con 266,262 hogares afectados por el delito) a 11.6 por ciento en 2024 (304,388 hogares afectados). AB/Hondudiario
