*** Según estudio de ASJ, uno de cada 10 hondureños es víctima de extorsión, pese a estado de excepción que cubre el 75 por ciento del territorio, extorsión y homicidios persisten en honduras.
A dos años y medio de la instauración del estado de excepción que cubre el 75 por ciento del territorio nacional, los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, mientras persisten altas tasas de homicidios y se registran quejas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, señaló este viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Desde diciembre de 2022, el gobierno hondureño ha aplicado un estado de excepción en 21 ocasiones, mediante declaratorias que no han cumplido con lo establecido en la Constitución de la República para su aplicación. En algunos casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional se ha realizado hasta con 30 días de retraso y en otros, la declaratoria no fue ratificada. Actualmente, la medida se aplica a 223 de los 298 municipios de Honduras, es decir que el 91 por ciento de la población hondureña es objeto de restricción de derechos en el marco del estado de excepción.
Y aunque la medida no ha resuelto la crisis de criminalidad pese a que fue presentada como la principal estrategia del gobierno para enfrentar la violencia, su implementación ha sido ilegal y carente de planificación técnica. Más preocupante aún, los resultados no justifican su continuidad. Un estudio de ASJ revela que el porcentaje de victimización por extorsión aumentó de 9 por ciento en 2022 (con 266,262 hogares afectados por el delito) a 11.6 por ciento en 2024 (304,388 hogares afectados).
Aunque cifras oficiales indican que las denuncias disminuyeron en los últimos tres años, esto refleja menor confianza de la población en las autoridades para interponer una denuncia. Datos del Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial señalan que el Distrito Central sigue siendo el municipio más afectado -con mayor número de denuncias-, seguido por San Pedro y Choloma, que históricamente lideraron la lista negra del delito. En adición, en cuanto al promedio por tasa poblacional, La Ceiba y Valle de Ángeles -dos de los municipios con mayor afluencia de turistas del país- ocupan el primer y cuarto lugar entre los que registran mayor tasa de denuncias por extorsión.
Por otro lado, si bien existe una tendencia a la baja en los homicidios sostenida desde años anteriores, Honduras continuó registrando la tasa más alta de Centroamérica en 2024, superando a Guatemala más de 10 puntos. Bajo el estado de excepción, el Distrito Central también concentra la mayor cantidad de muertes violentas, superando la sumatoria de homicidios en San Pedro Sula y Choloma, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, seguidas por Catacamas en la cuarta. Cabe resaltar que municipios pequeños como: Ilama, Gualala, San Miguelito y Tatumbla, registraron altas tasas de incidencia criminal en 2024 aún bajo estado de excepción.
Lo anterior refleja un problema estructural en el enfoque de seguridad, pues muchos de los municipios más afectados por homicidios, masacres, extorsión y microtráfico no han recibido una intervención prioritaria, mientras que otros, con poca o nula incidencia, han sido incluidos en el estado de excepción, evidenciando improvisación en la toma de decisiones.
Por otro lado, la impunidad sigue siendo el mayor fracaso del sistema de justicia. En 2024, 90 por ciento de estos delitos quedaron en la impunidad. Esta cifra refleja una crisis estructural que no se resuelve con más policías en las calles, sino con un sistema de justicia penal funcional, independiente y bien articulado.
De cara a las elecciones generales programadas para noviembre próximo, la continuidad del estado de excepción en diversas zonas del país genera preocupación por el impacto que puede tener sobre el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos como la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio o el derecho a circular libremente. En este contexto, es fundamental que el gobierno garantice un entorno donde prevalezcan las libertades democráticas.
En consecuencia, ASJ recomienda al gobierno desarrollar estrategias con enfoque territorial diferenciado, así como establecer una hoja de ruta para reducir la impunidad, fortalecer la investigación criminal y recuperar la confianza ciudadana. AB/Hondudiario
2 años y medio bajo estado de excepción: ¿y los resultados? https://t.co/diDJndJ7wF
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) June 13, 2025
