*** Esta calificación crediticia, certificada por Moody’s, permite al Gobierno y a todos los actores de la economía, obtener mejores condiciones de financiamiento.
La agencia internacional de calificación de riesgos, Moody’s Investor Service confirmó este viernes la calificación crediticia de B1 con perspectiva estable, consolidando la posición crediticia del país. Esto ha sido posible debido a la implementación de una política económica de rescate y consolidación de las finanzas públicas, acompañada de medidas de transparencia e integridad financiera, con un masivo programa de inversión pública y social.
En su comunicado, Moody’s opinó que el Gobierno de Honduras tiene una posición fiscal fuerte y un crecimiento estable del PIB, que se refleja en un historial de déficits fiscales moderados y una carga de deuda baja y estable. La fortaleza fiscal de Honduras está respaldada por su Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), donde se establecen reglas fiscales y objetivos para la sostenibilidad de la deuda.
Adicionalmente, Moody’s destacó que el perfil crediticio está respaldado por un historial de crecimiento sólido y sostenido, y una economía que ha demostrado su capacidad de resistencia frente a las perturbaciones.
Además, la solidez monetaria del país se refleja en las Reservas Internacionales Netas, que alcanzaron $9,203.6 millones al 16 de julio de 2025, cifra que garantiza un respaldo equivalente a unos 5.9 meses de importaciones, proporcionando confianza cambiaria y estabilidad financiera. La perspectiva estable de la calificación refleja la expectativa de continuidad del equilibrio actual en la economía en el mediano plazo.
Moody’s identificó desafíos estructurales que históricamente han limitado el desarrollo de Honduras, como el bajo tamaño de la economía, los bajos ingresos per cápita, la debilidad institucional acumulada durante décadas y la alta exposición a fenómenos climáticos como huracanes o sequías.
Estos desafíos estructurales son atribuibles al modelo económico neoliberal implementado desde la década de 1990. En este contexto, reformas estructurales como la Ley de Justicia Tributaria son fundamentales para revertir esta tendencia: ampliar la base de ingresos del Estado, fortalecer el marco institucional y generar condiciones para un crecimiento más justo, resiliente y sostenible.
Esta calificación crediticia, certificada por Moody’s, permite al Gobierno y a todos los actores de la economía, obtener mejores condiciones de financiamiento, incrementar la confianza general, dinamizar la economía y fomentar la inversión nacional y extranjera, así como mejores oportunidades de empleo para la población y mayor acceso a recursos a menor costo. AB/Hondudiario
