*** Las autoridades fiscales ya deberían estar avanzando en el proceso.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, cuestionó la falta de acción del Ministerio Público (MP) en torno al presunto fraude en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), que implica una adjudicación de 12 millones de lempiras para la compra de computadoras portátiles.
Según Castañeda, las autoridades fiscales ya deberían estar avanzando en el proceso. “A estas alturas podríamos estar hablando de la construcción de un proyecto de requerimiento fiscal”, dijo el representante de la ASJ, en alusión a la aparente pasividad del ente acusador del Estado.
La denuncia pública se refiere a la compra de 496 laptops por un monto total de 12.5 millones de lempiras, es decir, 25,200 lempiras por unidad. El contrato fue adjudicado a la empresa Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), una firma sin experiencia tecnológica comprobada, según reportes de prensa y un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC).
“Esa parte preventiva del sistema de alertas tempranas no la tenemos. Aquí ya debería de ser el Ministerio Público actuando de oficio por la denuncia presentada y solicitando toda la información necesaria que respalde el proceso de adjudicación y compra”, señaló Castañeda, al criticar la omisión de medidas anticipadas por parte del Estado.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Dicomarca presentó la segunda oferta más alta durante el proceso de licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025, mientras que otra empresa ofreció un precio cercano a los 6.5 millones de lempiras por el mismo lote de equipos. Pese a ello, la Senacit adjudicó el contrato a la constructora.
Castañeda lamentó que el MP esté supeditando su actuación a instancias administrativas. “Esperar un informe me parece una manera de dilatar un proceso en el cual ya debería estar el Ministerio Público trabajando, y por la cuantía, a estas alturas podríamos estar hablando de la construcción de un proyecto de requerimiento fiscal”, advirtió.
“El MP debe determinar si en efecto hay una sobrevaloración o un fraude de por medio, y seguir a todo aquel funcionario público de la institución que participó directa o indirectamente en esta actuación”, recalcó.
Finalmente, Castañeda subrayó que la falta de coordinación entre el Ministerio Público, la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas contribuye a la impunidad. En su criterio, este caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y respuesta frente a posibles actos de corrupción en la administración pública. OB/Hondudiario
