*** El supuesto favoritismo se materializó mediante la adjudicación fraccionada de cinco contratos de compra directa de gasas quirúrgicas.
El Ministerio Público presentó este jueves un requerimiento fiscal contra dos personas por los delitos de fraude, lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios en el marco de una investigación relacionada con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó la institución en un comunicado oficial.
La acción penal fue promovida por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) contra José Alberto Zelaya Guevara, exfuncionario del IHSS, y contra Elmer Antonio Rubí Rivera, a quienes se señala como responsables de acciones ilícitas que habrían causado un perjuicio millonario al Estado.
Según las investigaciones, entre los años 2010 y 2014, José Zelaya, en su condición de Subgerente de Compras del IHSS, habría favorecido de forma irregular a la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (DISUMED), propiedad de Elmer Rubí. El supuesto favoritismo se materializó mediante la adjudicación fraccionada de cinco contratos de compra directa de gasas quirúrgicas.
El monto total de las adjudicaciones asciende a 1.893.750 lempiras, según detalla el requerimiento fiscal, cifra que fue manejada sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, incurriendo así en presuntas violaciones legales.
Además, el Ministerio Público señala que Elmer Rubí habría recibido fondos ilícitos a través de su madre, quien emitió cheques sin justificación legal provenientes de empresas fachadas. El monto total de dichas transacciones asciende a 2.490.750 lempiras.
Las autoridades aseguran que estos fondos fueron manipulados mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen ilícito, configurando el delito de lavado de activos. Esta acusación se suma a otras investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo en torno al saqueo de los recursos del IHSS.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y el lavado de activos en todas sus formas, especialmente en instituciones públicas vinculadas a la salud, como parte de su estrategia de lucha contra la impunidad. OB/Hondudiario