*** El Ministerio Público enfatizó que, la investigación evidencia que los imputados se beneficiaron directamente del dinero obtenido mediante esas demandas.
El Ministerio Público (MP), presentó un requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces, debido a que según las investigaciones coludieron más de 3 millones de lempiras.
“La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presenta requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38). Durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal”, detalló el MP.
En ese sentido, se acusa Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República, ; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS, Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno, Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS, Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).
A ellos se suman, Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
Asimismo, el Ministerio Público detalla que, el caso se origina en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, según una vez subcontrató ilegalmente a NAINSA.
Además, que, en el año 2001 el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
“La investigación del Ministerio Público evidencia que los imputados se beneficiaron directamente del dinero obtenido mediante esas demandas. Parte de esos fondos fue depositada en cuentas personales de los involucrados y de familiares de estos funcionarios también acusados”, detalló el comunicado. ED/Hondudiario
