*** Castellanos señaló el debilitamiento de la institucionalidad del Estado hondureño.
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó su rechazo ante la postura del Fiscal General Johel Zelaya, quien, a juicio de la institución, emitió valoraciones inapropiadas durante investigaciones en desarrollo dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, expresó que resulta “inadmisible que el Fiscal General de la República, quien ostenta el monopolio de la acción penal, emita juicios particulares en medio de una investigación en curso”.
Castellanos advirtió que la situación actual refleja un “momento crítico debido al constante quebrantamiento de la ley”, y señaló el debilitamiento de la institucionalidad del Estado hondureño.
La intervención del Ministerio Público en las instalaciones del CNE incrementó la controversia. Según lo informado, el titular del ente investigador ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutar el aseguramiento de documentos oficiales como parte del proceso en curso.
Ante ese escenario, Castellanos sostuvo que las declaraciones del fiscal podrían poner en entredicho la credibilidad del proceso investigativo. La funcionaria alertó que la actuación de Zelaya “pone en duda la capacidad de imparcialidad de las investigaciones”.
El CNA cuestionó además que la intervención en el CNE haya sido acompañada de pronunciamientos públicos del fiscal, cuando lo esperado es que estos procesos se desarrollen bajo estrictas normas de confidencialidad e independencia.
Finalmente, Castellanos hizo un llamado a que se cumpla con el mandato constitucional. Solicitó a Zelaya respetar el artículo 232 de la Constitución de la República, que establece que las investigaciones deben ejecutarse “con autonomía y sin injerencias políticas”.
La crisis institucional en el CNE se intensificó tras la decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de no dar trámite a la renuncia presentada por la consejera Ana Paola Hall. En lugar de aceptarla, Redondo la remitió al Ministerio Público (MP) como una denuncia, argumentando que dicha figura no existe jurídicamente.
En respuesta a las crecientes denuncias sobre supuestas irregularidades dentro del órgano electoral, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, ordenó la intervención del CNE por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según el titular del MP, existen acusaciones de “conspiración y extorsión” entre los tres consejeros propietarios (Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa), lo que a su juicio pone en riesgo el desarrollo del proceso electoral. En ese marco, advirtió que los consejeros serían citados a declarar y aseguró que si no comparecen, “se hará lo que en derecho corresponda”.
La situación ha sido calificada por diversos sectores como una amenaza directa a la estabilidad democrática, en un momento clave del cronograma electoral. Organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han exigido que se respete la autonomía del CNE y han denunciado presiones indebidas que comprometen la independencia del organismo. Mientras tanto, consejeras como Cossette López han manifestado que el ambiente es “insostenible” y lleno de amenazas, pero reiteran su compromiso de mantenerse firmes en sus funciones. OB/Hondudiario
