*** La denuncia del dirigente refleja la preocupación creciente de un sector que continúa operando bajo amenazas, pagos forzados y pérdidas humanas.
El dirigente del rubro transporte, Wilmer Cálix, manifestó este jueves su descontento por la ineficacia del estado de excepción vigente en Honduras, señalando que la violencia contra su gremio sigue en aumento y sin respuesta efectiva por parte del gobierno.
Cálix reveló que hasta el momento el sector transporte ha tenido que pagar enormes sumas a bandas criminales. Durante su intervención en Radio América, indicó que los ataques continúan afectando la integridad y el sustento de quienes trabajan en el rubro.
“En lo que va del año se han registrado 28 asesinatos de transportistas a nivel nacional, y se estima que el sector transporte ha pagado alrededor de 250 millones de lempiras en concepto de extorsión”, afirmó.
El dirigente expresó que las expectativas depositadas en el estado de excepción no se han cumplido. Según dijo, las cifras de muertes y el constante pago de extorsión son evidencia de que las medidas implementadas por el gobierno no están funcionando como se esperaba.
Asimismo, lamentó que el tiempo transcurra sin que se observen mejoras significativas en materia de seguridad. Cálix fue señaló que, a pesar de que el actual Gobierno está por concluir, “aún no se hayan logrado los resultados que se esperaban, tanto para los transportistas como para la ciudadanía en general”.
La denuncia del dirigente refleja la preocupación creciente de un sector que continúa operando bajo amenazas, pagos forzados y pérdidas humanas. Sus declaraciones se suman a las voces que cuestionan la efectividad de las estrategias gubernamentales frente al crimen organizado.
El Gobierno hondureño aprobó la vigésima segunda prórroga del estado de excepción mediante el Decreto Ejecutivo PCM 22-2025, medida que estará vigente del 3 de julio al 16 de agosto de 2025. De acuerdo con reportes de prensa, esta disposición contempla la suspensión de derechos constitucionales en zonas con alta incidencia criminal y actualmente cubre el 91 por ciento de la población y el 75 por ciento del territorio nacional.
Según datos divulgados por la Policía Nacional y citados por medios locales, la medida ha permitido una reducción del 17 por ciento en la tasa de homicidios. No obstante, informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierte un aumento en los casos de extorsión, que pasaron del 9 al 11.6 por ciento, afectando a más de 300 mil hogares hondureños.
Solo una de las 22 prórrogas del estado de excepción ha sido ratificada conforme a la Constitución, mientras que las demás se aprobaron sin el respaldo formal del Congreso Nacional. Además, el CONADEH ha recibido más de 800 denuncias relacionadas con abusos durante la vigencia del decreto, entre ellos allanamientos arbitrarios, violencia institucional y detenciones sin orden judicial. OB/Hondudiario
