*** El máximo tribunal de garantías también ha limitado el alcance de los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, empezó esta semana una campaña en contra de la Corte Constitucional, luego de que el máximo tribunal suspendiera provisionalmente algunos artículos de tres leyes promovidas por él y convocó a una marcha para presionar al único poder que, durante estos casi dos años de mandato, es un contrapeso para algunas de sus decisiones.
“Con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este martes 12 porque no podemos permitir que nueve personas entronadas vengan y nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes”, dijo Noboa el pasado miércoles, un discurso que repite en cada una de sus apariciones públicas en los últimos días.
Sus principales ministros, como el de Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y la de Gobierno, Zaida Rovira, también han cargado contra los jueces del tribunal constitucional, denominándolos incluso como “enemigos de la ciudadanía”.
“No puedes pretender que cuando, por la vía de la elección política electoral, controlas dos de las tres principales funciones del Estado, la tercera se subordine a ello. La Corte Constitucional tiene que permanecer independiente como un contrapeso, eso es fundamental”, dice a EFE el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Tras las últimas elecciones celebradas este año, Noboa arrebató al correísmo la mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento) para sacar adelante su programa de reformas, un conjunto de polémicas leyes rechazadas por organizaciones sociales y colectivos sociales que solo se han visto frenadas en la Corte Constitucional.
El máximo tribunal de garantías también ha limitado el alcance de los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024 declaró el “conflicto armado interno”, pues le ha instado a no perpetuar esta medida que en diversas zonas se extiende por más de año y medio.
Asimismo, en su primer referéndum de reformas celebrado en 2024, la Corte Constitucional también desechó una serie de preguntas propuestas por el gobernante que buscaban concentrar más poder sobre su figura.
Todo ello ha llevado a Noboa a poner a los jueces de la Corte Constitucional en el punto de mira, incluso proponiendo entre las preguntas de su próximo referéndum que estos magistrados puedan ser objeto de juicio político de la Asamblea, lo que para Mauricio Alarcón y otros abogados “no persigue fines democráticos ni compatibles con la independencia judicial”.
Alarcón afirma que en el país se libra una “guerra comunicacional” con la que el Gobierno busca “por un lado tapar su inoperancia para resolver los problemas de la gente y, por otro, tratar de concentrar poder incluso utilizando a los ciudadanos para ello”. EFE
