*** En enero de 2025, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, otorgó permisos de operaciones para la extracción y comercialización de metales a la empresa minera Inversiones Los Pinares.
La Comisión de Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad (CESPAD), emitió un boletín el cual dice que el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, acompañado por diversas organizaciones defensoras como la Plataforma Agraria, la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La acción busca revisar actos de omisión y dictámenes emitidos por varias instituciones del Estado alrededor del conflicto minero en Guapinol:
En 2023, a solicitud del ministro Lucky Medina, el Comité presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) pruebas de las ilegalidades y daños ambientales causados por el megaproyecto minero instalado en la reserva natural Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Hasta la fecha, la SERNA no ha emitido pronunciamiento, pese a la existencia de las pruebas y un decreto creado específico para la recuperación y protección del parque nacional (Decreto 18-2024).
En enero de 2025, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, otorgó permisos de operaciones para la extracción y comercialización de metales a la empresa minera Inversiones Los Pinares.
En mayo de 2025, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) declaró sin lugar la oposición comunitaria presentada por el Comité contra la renovación del contrato de concesión de la planta peletizadora de óxido de hierro de la empresa Ecotek.
El Comité junto a las comunidades de Tocoa exigen al Estado de Honduras y al gobierno de la presidenta Xiomara Castro acciones contundentes a favor de los derechos de las comunidades, especialmente las que han sido más afectadas por los impactos ambientales, la violencia, criminalización, el desplazamiento y las muertes derivadas de este conflicto en la zona.
Antecedentes
En 2022, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reactivó el proyecto de la represa multipropósito “El Tablón”, aprobado en 2020 (véase el Decreto Ejecutivo PCM-138- 2020). Para iniciar la fase preparatoria del proyecto ubicado en el río Chamelecón, en enero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la declaratoria de “estado de emergencia” a nivel nacional, autorizando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a realizar contrataciones directas para la construcción de la represa, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Véase el Decreto Ejecutivo PCM 03-2023). De acuerdo con el modelo del proyecto presentado por el BCIE, el objetivo principal de este proyecto es “proteger al Valle de Sula de las inundaciones”.
Respuesta comunitaria – Frente al anuncio de la construcción del megaproyecto, las comunidades denunciaron la falta de un proceso de consulta previo, fundamental para abordar los posibles reasentamientos de varias aldeas y caseríos.
En octubre de 2024, las comunidades y la alcaldía de Quimistán realizaron un cabildo abierto mediante el cual se ratificó una declaratoria municipal del 2018, en la que se estableció que “Quimistán es territorio libre de minería y proyectos hidroeléctricos”. En mayo de 2025, celebraron un tercer cabildo en el que las comunidades reafirmaron su postura de oposición al proyecto. Además, en ese mismo mes, el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia “contra la ejecución del préstamo otorgado por el BCIE para la construcción de la represa de El Tablón” por las múltiples irregularidades en el marco del proyecto como los procesos de consulta no realizados. A través de las acciones de protesta pacífica realizadas en contra del proyecto, las comunidades demandan al Gobierno que las voces de los territorios se escuchen: “no se puede salvar al valle de Sula sacrificando el valle de Quimistán”.
EI CESPAD realizó un seguimiento de la situación de los desalojos en el país mediante un monitoreo de desalojos. Este registro se ha realizado desde la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el 6 de junio de 2023.
Desde entonces y hasta el 28 de mayo de 2025, el CESPAD ha registrado un total de 48 desalojos (43 ejecutados y 5 suspendidos), que han afectado a más de 9,000 familias campesinas e indígenas que luchan por recuperar territorios indígenas y tierras destinadas a la Reforma Agraria, principalmente en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida, Cortés y La Paz.
A esta grave situación de violaciones de derechos humanos, se suma la alerta que generó en un anuncio de la Secretaría de Seguridad el 30 de marzo de 2025, en el que se establece que la Policía Nacional “ha dispuesto medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables” de las protestas ciudadanas.
Estas acciones profundizan la criminalización de la protesta social, en línea con el Decreto Legislativo 93-2021, que tipifica como delito la “usurpación de espacios públicos”. Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) han manifestado su rechazo y condena a esta medida, calificándola como prácticas del pasado, que no contribuyen a resolver la conflictividad socioterritorial en el país.
A casi dos años de la creación de la Comisión, las organizaciones territoriales, indígenas y campesinas exigen al titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez Rodríguez, quien también encabeza la Comisión, que cese los desalojos de tierras campesinas e indígenas y que priorice las propuestas de reformas legales desarrolladas en la Mesa de Reformas de la Comisión, para garantizar el acceso a tierras agrícolas para el sector campesino de Honduras. AB/Hondudiario
