*** La ONG hizo un llamado al Estado de Honduras a poner fin a la prolongación del régimen de excepción.
El Gobierno Honduras resolvió extender por 45 días más el estado de excepción parcial, una medida que comenzó a regir a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 16 de agosto y se prolongará hasta las 6:00 de la tarde del lunes 29 de septiembre de 2025. La disposición fue publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a que nuevamente no fue sometida a aprobación en el Congreso Nacional.
Aunque la legislación establece que este tipo de medidas deben ser ratificadas por el Poder Legislativo, las últimas prórrogas han sido aprobadas únicamente por el Poder Ejecutivo y posteriormente publicadas en La Gaceta, sin que hayan sido discutidas o votadas por los diputados del Congreso.
El estado de excepción está vigente en Honduras desde diciembre de 2022, y según la organización humanitaria Cristosal, ha dado lugar a “denuncias de abuso de poder y tortura”. En el informe Estado de excepción y violencia estructural, presentado este jueves en Tegucigalpa, la organización advirtió que la prolongación de la medida “podría afectar la legitimidad” de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre próximo.
Cristosal señala que el estado de excepción dejó de ser una medida temporal para convertirse en “una política permanente, con graves consecuencias para los derechos humanos y la democracia”. La ONG enfatizó que mantener el régimen de seguridad durante el proceso electoral podría limitar “la libertad de voto, el acceso equitativo a la campaña y la participación ciudadana”, ya que implica restricciones a derechos fundamentales como “la reunión, la asociación y la circulación”.
En el mismo informe, Cristosal denunció la presencia “intimidante” de cuerpos armados en comunidades, centros educativos y espacios públicos, situación que “podría trasladarse al contexto electoral”, generando un clima adverso para el ejercicio de derechos ciudadanos.
Asimismo, la organización subrayó que el estado de excepción ha sido prorrogado 22 veces desde su instauración, extendiéndose a más de la mitad del territorio nacional “sin control legislativo ni evaluación pública”.
Según Cristosal, en lugar de enfrentar las causas estructurales de la violencia, la medida “ha normalizado la suspensión de derechos”, generando mayor temor entre la población, debilitando la democracia y afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, la ONG hizo un llamado al Estado de Honduras a poner fin a la prolongación del régimen de excepción, “restablecer el pleno respeto a los derechos humanos” y garantizar un “entorno democrático de cara a las elecciones de noviembre”. OB/Hondudiario
