*** A pesar de ese escenario adverso, la abogada señaló que los beneficiarios del TPS tienen recursos legales para defenderse.
El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses será definido este 19 de agosto, luego de que un tribunal federal conozca la apelación presentada por el gobierno de Estados Unidos, un recurso que busca revertir el fallo que impidió la cancelación del programa decidido por la administración Trump.
Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos han advertido que, si el tribunal respalda la apelación, miles de familias quedarían expuestas a procesos de deportación tras más de dos décadas de residencia en territorio estadounidense.
Diversos colectivos de migrantes iniciaron el fin de semana una serie de vigilias y movilizaciones para exigir que se mantenga la protección migratoria, en un escenario que los activistas interpretan como un intento de la administración Trump por poner fin a un beneficio que ha permitido la regularización de ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La abogada especialista en temas migratorios, Marcela Caro, recordó que “es muy importante que la gente tenga claro que esta apelación puede llevar a dos escenarios, que es la rectificación o la revocación”, e hizo énfasis en que el mejor escenario sería ratificar el fallo de la jueza federal Trina Thompson, que bloqueó la cancelación del TPS por considerar que el gobierno no realizó una evaluación objetiva sobre la situación de los países incluidos en el recurso.
Caro precisó que, en el caso de rectificar lo que es el fallo que bloquea la cancelación del TPS “confirma que el gobierno no cumplió con una evaluación objetiva de las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal, que son los tres países que están en esta apelación”, e hizo un llamado a esperar la resolución que será emitida mañana a las 2:00 de la tarde.
La especialista advirtió que, en caso de que los jueces revoquen el fallo y ordenen un efecto inmediato, “prácticamente van a quedar sin un permiso de trabajo, sin una licencia”, por lo que consideró fundamental esperar el resultado judicial para conocer exactamente las implicaciones legales.
Al referirse a la demanda impulsada por la Alianza Nacional TPS y por migrantes que firmaron en su condición de afectados, explicó que “aunque tiene mucho peso lo que es esta demanda que hicieron esta organización, y también estos tepecianos a título personal que firmaron esta demanda, estamos esperando que el fallo salga a favor totalmente”, aunque puntualizó que de ser favorable solamente representaría “la extensión hasta el 18 de noviembre”.
Caro recordó que “todo TPS, ya sea renovación o un TPS nuevo, solo puede ser dado por el Ejecutivo, en este caso el presidente Donald Trump”, e insistió en que la resolución de mañana únicamente tiene que ver con la prórroga aprobada hasta noviembre, no con una decisión de renovación a largo plazo.
Ante la posibilidad de que la Corte de Apelaciones adopte la posición de la Casa Blanca, la especialista advirtió que “sería una revocación, una revocación del fallo y una orden que tendría efecto inmediato”, lo que implicaría que “prácticamente quedarían sin valor y efecto los permisos de trabajo y licencias que se han renovado hasta esta fecha”.
A pesar de ese escenario adverso, la abogada señaló que los beneficiarios del TPS tienen recursos legales para defenderse, al recordar que “el tepeciano tiene un caso para presentar a inmigración. Aunque no estén amparados, aunque se cancele totalmente el TPS, hay un caso que ellos pueden llegar a corte y presentarlo ante un juez de inmigración”.
Caro explicó que esa posibilidad existe porque “los poderes del Estado son totalmente separados” y remarcó que los migrantes hondureños “han llevado más de dos décadas en este país pagando impuestos, haciendo bien lo que el sistema quiere en un estado legal dentro de este país y no tienen ningún antecedente penal”.
Preocupación e incertidumbre
En tanto, el tepesiano Mariano Guzmán expresó su preocupación por la incertidumbre y pidió apoyo espiritual, y “oraciones por nosotros, que sea una decisión favorable mañana”, mientras recordó que la comunidad migrante realizó gestiones ante congresistas y senadores.
Guzmán indicó que, aunque han presentado propuestas como la impulsada por la congresista María Elvira Salazar y una iniciativa propia de la comunidad tepeziana, aún no se cuenta con una solución legislativa, y lamentó que el “ego” del actual Gobierno “no los ha dejado, trabajar a favor de nosotros”, y reclamó que “nosotros somos los que en realidad hemos sostenido la economía, no sólo ahorita sino en tiempos difíciles (…) y yo creo que el Gobierno sí sabe, repito, ellos están enfocados en otras cosas, en defender lo indefendible”. OB/Hondudiario
