*** Las autoridades del Ministerio Público señalaron que los imputados utilizaron supuestas fachadas de empresas internacionales.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal y aseguró bienes al excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, y a su socia Liana María Mayorga Castillo, por supuestamente defraudar al Estado mediante el suministro irregular de tarjetas PVC utilizadas para la emisión de licencias de conducir, informó este lunes la institución.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) precisó que los dos imputados son responsables de causar un perjuicio económico de “18,547,200 millones de lempiras al Estado”, a través de un contrato adjudicado a la empresa Plasticards S.A. para proveer tarjetas PVC que posteriormente fueron utilizadas por la Secretaría de Seguridad.
La Fiscalía explicó que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., una empresa que había sido constituida “apenas dos meses antes de ser beneficiada con el contrato”, y subrayó que, aunque el ingreso oficial reportado fue de 480 mil tarjetas, en realidad “solo 258,000 llegaron al país”.
El comunicado añade que el 22 de enero de 2022, cinco días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad realizó un pago “de 1.18 millones de lempiras a Plasticards”, y que tres días después la gerente de esta empresa, Liana Mayorga Castillo, transfirió 17 millones de lempiras a Inversiones MyM S. de R.L., compañía que pertenece a Juan Ramón Molina Rodríguez, quien tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador del fideicomiso.
Según el Ministerio Público, aunque la adjudicación fue otorgada a Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la compañía extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, e importadas por la empresa Inversiones MyM S. de R.L., “de las cuales Juan Ramón Molina es socio propietario”, según puntualizó la UF-ADPOL.
Las autoridades del Ministerio Público señalaron que los imputados utilizaron supuestas fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para “triangular y lavar estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional”, una práctica que, afirmaron, quedó documentada durante la investigación.
Ante estos hechos, la Fiscalía aseguró que procedió a asegurar “7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles” vinculadas a los involucrados, como parte de las acciones para recuperar el patrimonio público y garantizar la continuidad del proceso penal.
El Ministerio Público concluyó que continuará trabajando para que los responsables de este caso respondan ante la justicia, con el fin de “proteger los recursos del Estado y evitar nuevos actos de corrupción que perjudiquen a la ciudadanía”. OB/Hondudiario
