*** Umaña cuestionó además que ahora se esté exigiendo un reglamento para ejecutar la reforma.
El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó su malestar porque, pese a que han transcurrido casi cuatro meses desde la aprobación en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo aún no ha sancionado la reforma a la Ley de la Tercera Edad que contempla descuentos en servicios básicos. Recordó que esta normativa fue respaldada de manera unánime por todas las bancadas, por lo que no debería existir demora en su ejecución.
Al referirse al contenido de la reforma, detalló que “lo que se aprobó es un descuento de entre el 20 y 30 por ciento en la totalidad de la factura”, aclarando que los beneficios abarcan telefonía, agua y energía eléctrica. A su juicio, la medida tiene un impacto directo en la economía de los adultos mayores y fue concebida como un alivio frente al alto costo de vida.
Sin embargo, el legislador lamentó que las compañías proveedoras se han resistido a aplicar los descuentos mientras no exista sanción presidencial. Según relató, “las empresas dicen que como no está sancionada la ley, entonces no van a hacer nada”, lo cual mantiene en suspenso a cientos de beneficiarios que esperan la entrada en vigencia del decreto.
Umaña cuestionó además que ahora se esté exigiendo un reglamento para ejecutar la reforma, cuando, en sus palabras, solo se introdujeron cambios a algunos artículos y no debería haber obstáculos para ponerla en marcha. Consideró que la espera se traduce en una falta de voluntad política para hacer efectiva una medida ya aprobada por el pleno legislativo.
En sus declaraciones insistió en que el beneficio no puede quedar archivado. “Espero que la Presidenta sancione la reforma y se publique en La Gaceta”, dijo el parlamentario, pues se trata de un derecho ganado por la población de la tercera y cuarta edad, quienes requieren apoyo inmediato.
Cabe recordar que en junio de este año el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 31 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, donde se fijaron descuentos del 25 por ciento para personas de la tercera edad y 35 por ciento para las de la cuarta edad, sin que importe si son jubilados o pensionados.
Una fuente oficial del Estado indicó que la normativa establece que los beneficios deben aplicarse en una amplia variedad de servicios públicos y privados. Entre ellos figuran la energía eléctrica, sin límite en el monto mensual de la factura; los servicios de comunicación, incluyendo telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable; así como el consumo de agua potable.
El decreto también dispone que los adultos mayores puedan acceder a rebajas en el impuesto de salida por servicios aeroportuarios y en el impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que el recibo esté a nombre del titular que habita la vivienda. De esta forma, se busca garantizar un alivio económico sostenido en rubros esenciales.
Además, se instruyó a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor para llevar a cabo inspecciones periódicas que aseguren el cumplimiento de la ley por parte de comercios e instituciones, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico fue mandatada a establecer un mecanismo ágil y accesible para que las personas puedan presentar denuncias ante posibles incumplimientos. OB/Hondudiario
