*** En su declaración, los organismos indicaron que en este momento al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada en Nicaragua, entre ellas 11 mujeres.
Organismos defensores de los derechos humanos de los nicaragüenses denunciaron este domingo un “exterminio silencioso” de los opositores y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se encuentran bajo custodia.
“Esta semana, el régimen de Nicaragua ha cruzado un umbral intolerable. Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, han sido entregadas muertas por el Estado”, alertaron en una declaración conjunta las organizaciones Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa jurídica, y el Monitoreo Azul y Blanco.
Diversas organizaciones de la oposición denunciaron en la víspera la muerte en Nicaragua bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, que aseguran había sido detenido hace quince días supuestamente por órdenes del Gobierno de Ortega y Murillo, y se sumó a la del opositor Mauricio Alonso, cuyo cuerpo sin vida fue entregado esta semana a sus familiares tras permanecer más de un mes detenido.
“Ambos casos confirman lo que venimos denunciando: las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, advirtieron los organismos.
Según esas organizaciones, la detención y muerte de Cárdenas Zepeda, a quien identificaron como exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional de 2018, así como la de Alonso, “no son hechos aislados”, sino que “son parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio silencioso”.
En su declaración, los organismos indicaron que en este momento al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada en Nicaragua, entre ellas 11 mujeres.
Argumentaron que la desaparición forzada constituye una de las expresiones más crueles de la represión en Nicaragua, debido a que las familias de las personas desaparecidas enfrentan una doble tortura: la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información. EFE
