*** El organismo advirtió que la militarización de la seguridad y la suspensión de derechos no han resuelto los problemas estructurales de violencia en el país.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó al Estado de Honduras cesar el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, argumentando que la medida no ha sido eficaz para combatir la criminalidad y, en cambio, ha generado miles de quejas por violaciones a garantías constitucionales.
Según el informe elaborado por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de esta institución, durante los casi 33 meses de vigencia de la medida se registraron unas 7,560 muertes violentas, lo que equivale a un promedio de ocho víctimas diarias. El organismo advirtió que la militarización de la seguridad y la suspensión de derechos no han resuelto los problemas estructurales de violencia en el país.
Luis Martínez, oficial jurídico del Conadeh, explicó que el informe fue presentado en el marco del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. En él se incluye un conjunto de recomendaciones dirigidas a los tres poderes del Estado sobre la legalidad y proporcionalidad de las prórrogas al régimen especial.
Al Poder Ejecutivo se le instó a abstenerse de prolongar la medida mientras no cumpla con los principios de legalidad, proporcionalidad e idoneidad. Al Congreso Nacional se le pidió ejercer control legislativo sobre los decretos ejecutivos y, a la Corte Suprema de Justicia, realizar de manera oficiosa un examen de constitucionalidad de cada prórroga aprobada por decreto.
El informe destacó que hasta la fecha se han emitido 22 PCM que sostienen el estado de excepción en 226 municipios, es decir, el 76 por ciento del territorio nacional. Durante este tiempo, el Conadeh documentó más de mil quejas por intervenciones de agentes estatales en el marco de la medida.
Entre las principales denuncias figuran detenciones arbitrarias, incriminación con pruebas falsas, tortura, tratos crueles, robo de pertenencias, destrucción de propiedad privada e incluso violencia sexual. El organismo advirtió que estas prácticas han puesto en riesgo la responsabilidad internacional del Estado hondureño.
Además, se señaló que 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de casi un centenar de muertes múltiples, con mayor incidencia en Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho. Estos datos reflejan, según el Conadeh, que la estrategia actual no ha logrado frenar la violencia ni garantizar seguridad ciudadana.
La institución fue enfática en que la suspensión de garantías constitucionales “no es la medida adecuada para combatir la criminalidad organizada”, ya que no aborda las causas estructurales del problema. En cambio, propuso una política integral de seguridad con enfoque de derechos humanos y de género.
El Conadeh espera que los países miembros de Naciones Unidas, en el próximo Examen Periódico Universal, recomienden al Estado hondureño adoptar medidas sostenibles y respetuosas de los derechos fundamentales, orientadas a construir un Estado de derecho efectivo y a transformar las condiciones que perpetúan la violencia. OB/Hondudiario
