*** Los defensores exhortaron al Estado a adoptar medidas urgentes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió sobre la persistencia de graves violaciones a los derechos de la población LGBTIQ+ en Honduras, tras revelar que entre 2020 y junio de 2025 se atendieron más de 400 denuncias. La institución señaló que esta situación refleja una discriminación sistemática y estructural que todavía afecta a este sector de la sociedad.
Alex Flores, coordinador de la Defensoría de Personas de la Diversidad Sexual del CONADEH, sostuvo que la comunidad LGBTIQ+ enfrenta una “desprotección estructural” marcada por la falta de voluntad política, la impunidad y la violencia cultural. Explicó que la institución ha recibido al menos 402 quejas relacionadas con violaciones a derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, lo que evidencia una amplia vulnerabilidad.
El defensor destacó que, a pesar de los esfuerzos de visibilización, la discriminación sigue vigente y cobra vidas. Señaló que el Observatorio KAI+ documentó 579 muertes violentas de personas LGBTIQ+ entre 2004 y abril de 2025, lo que refleja el alto nivel de riesgo que enfrenta esta población y la ausencia de políticas públicas efectivas para garantizar su seguridad.
A lo anterior se suma el registro de la Red Lésbica Cattrachas, que contabilizó 35 muertes violentas entre enero de 2024 y marzo de 2025. Flores precisó que de estos casos solo cinco llegaron a los tribunales y únicamente uno obtuvo sentencia condenatoria, lo que muestra un nivel de impunidad superior al 90 por ciento, generando desconfianza hacia las instituciones y alimentando el miedo en la comunidad afectada.
El Conadeh recordó que la violencia y discriminación no solo se expresa en homicidios, sino también en actos de hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, desplazamientos forzados, extorsiones y violencia sexual. Esta situación, indicó, mantiene a muchas personas en un estado de vulnerabilidad y aislamiento social, con consecuencias graves para su bienestar y dignidad.
Flores trajo a la memoria el caso emblemático de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos asesinada en junio de 2009 en San Pedro Sula durante un toque de queda militar. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado hondureño por este crimen, al considerar que se violaron derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el reconocimiento de la identidad de género.
La sentencia de la Corte-IDH, añadió, marcó un precedente en la región al ordenar medidas de reparación y reformas estructurales, sin embargo, hasta la fecha no se evidencian avances significativos en el país. Flores lamentó que las recomendaciones internacionales se mantengan incumplidas, lo que perpetúa la situación de indefensión de la población LGBTIQ+.
El funcionario advirtió que el desafío central para Honduras es transformar la cultura institucional y social que históricamente ha negado derechos a la diversidad sexual. Subrayó que el país debe fortalecer su marco legal y garantizar que las políticas públicas incluyan un enfoque de igualdad, justicia y respeto a la diversidad, como condición indispensable para frenar los abusos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos se sumaron a este llamado el 27 de agosto, al condenar la persistencia de estigma y discriminación. Denunciaron que la población LGBTIQ+ sigue siendo víctima de actos violentos y abusos tanto de particulares como de agentes estatales, lo que profundiza el clima de inseguridad en sus comunidades.
Finalmente, los defensores exhortaron al Estado a adoptar medidas urgentes, entre ellas la aprobación de la Guía para Reducir el Estigma y la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género, Trabajo Sexual y Condición de VIH en los servicios de salud. Según Flores, la implementación de esta guía sería un paso fundamental hacia la construcción de un país “más justo e inclusivo”, capaz de garantizar el respeto y la protección de todas las personas. OB/Hondudiario
