*** El CPH sostuvo que, expresa su total respaldo a la colega afectada y hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen este hecho.
El Colegio de Periodistas (CPH), rechazó las acciones contra la libertad de prensa, donde un funcionario municipal de la alcaldía de San Pedro Sula exigió firmar una declaración jurada a la periodista Lisseth García, para una entrevista sobre temas de interés público.
“La junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras rechaza categóricamente las acciones que atentan contra la libertad de prensa, como como el mecanismo de coacción empleado por un funcionario municipal de la alcaldía de San Pedro Sula, en contra de nuestra distinguida colega, Lisseth García, periodista de diario La Prensa”, señalaron.
En ese sentido, detallaron que, el titular de la Dirección de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro, Jonathan Cardona, exigió indebidamente que la periodista firmara una declaración jurada para concederle una entrevista sobre temas de interés público. Esta acción constituye un claro irrespeto al derecho constitucional de acceso a la información, que las instituciones están obligadas a garantizar.
“El CPH expresa su total respaldo a la colega afectada y hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen este hecho, evitando que se repitan acciones que vulneren el libre ejercicio periodístico”, enfatizaron.
Asimismo, recordaron que, de acuerdo con la Ley de Emisión del Pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado son garantías constitucionales inviolables. Ninguna autoridad o funcionario público puede coartar, limitar o condicionar el ejercicio periodístico mediante mecanismos de presión, como exigir la firma de declaraciones juradas para conceder entrevistas o facilitar información.
Finalmente, desde el CPH reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión, acceso a la información y la transparencia institucional, la libertad de prensa y el derecho de información, como principios esenciales para la democracia y el desarrollo del país.
Ante este hecho, la periodista, Lisseth García lamentó: “Los funcionarios están en la obligación de brindar información pública y no entiendo cuál es el miedo de dar información, nadie puede orillar a un periodista a firmar esos documentos porque es prácticamente un bozal”.
También Lisset comentó que nunca había visto que un funcionario orillara a firmar una declaración jurada por una declaración de prensa, “y esto es un acto de censura grave porque pretende trasladar al ámbito legal y es atentatorio al ámbito legal que claramente dice que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de divulgación. Está violentando el derecho de la ciudadanía a recibir información. Es un acto de censura grave que hay que condenar”, cerró. ED/Hondudiario
