El Congreso como Voz del Pueblo en el Debate de las Uniones Civiles
Por: Hernán Argüello Z.
En una República democrática, el lugar para debatir y decidir sobre temas de esta magnitud es el Congreso, porque es ahí donde se expresa de manera más directa la voz del electorado. Son los diputados, elegidos por el pueblo, quienes deben discutir, analizar y resolver, reflejando la pluralidad de posturas y convicciones que existen en la sociedad hondureña.
Desde la perspectiva libertaria, este enfoque es fundamental. El Estado no debe pretender definir sacramentos ni apropiarse de conceptos religiosos, porque el matrimonio, en su sentido original, es un sacramento que pertenece a las iglesias y a la vida espiritual de sus fieles.
Lo que corresponde al Estado es brindar igualdad de derechos a todos los ciudadanos mediante un contrato civil que regule aspectos como herencia, seguridad social, representación legal y patrimonio compartido. Separar lo civil de lo religioso protege a la vez la libertad individual y la libertad de conciencia, evitando que el Estado imponga definiciones que corresponden únicamente a las comunidades de fe.
La posición de Nasralla refuerza esta visión: al señalar que sancionaría lo que apruebe el Congreso, reconoce que el Ejecutivo no puede ni debe sustituir la voluntad del legislativo, sino simplemente cumplir su rol constitucional de sancionar lo que la representación nacional decida.
Desde nuestra óptica, este respeto a la separación de poderes es tan importante como la defensa de la igualdad civil. La verdadera discusión debe darse en el Congreso y no en el Ejecutivo, porque es ahí donde reside la legitimidad democrática.
Honduras debe avanzar hacia un modelo donde se respete la diversidad de creencias y, al mismo tiempo, se garantice que ningún ciudadano sea discriminado en el acceso a derechos básicos por su orientación. Respetar la decisión de las mayorías, expresada a través de sus representantes, es la única vía legítima para dar sustento democrático a estas reformas.
Reconocer uniones civiles bajo un contrato estatal no significa atacar tradiciones religiosas ni imponer visiones ajenas a la fe, sino fortalecer la justicia y la igualdad en un país que necesita más respeto a la libertad individual. En última instancia, el verdadero desafío no es semántico, sino de principios: igualdad de derechos para todos los ciudadanos y respeto irrestricto a la libertad de conciencia. Y solo una mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional puede convertir esta decisión en la voz auténtica de la voluntad popular, reafirmando que en una República democrática las grandes transformaciones deben emanar del pueblo y de su representación electa. Hernán Argüello Z./Movimiento Libertario de Honduras
