*** Quienes incumplan con la orden de salida dentro del tiempo establecido deberán enfrentar sanciones económicas.
Itsmania Platero, experta en temas migratorios, aclaró que no existe ninguna audiencia prevista para noviembre respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS), como se ha especulado en algunos espacios. Señaló que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “el TPS finalizó y la prórroga termina el 8 de septiembre”, lo que marca un punto crítico para miles de hondureños beneficiarios.
La defensora explicó que cada persona inscrita en el programa recibirá una notificación oficial si no ha completado trámites legales, documento que establecerá un plazo específico para abandonar el país. Indicó que este tiempo, aunque limitado, permitirá a los migrantes en proceso “resolver con sus abogados qué hacer con sus bienes, su dinero o sus pertenencias”.
La especialista remarcó la importancia del aporte de los tepesianos a la economía estadounidense, sobre todo en sectores como la hotelería y construcción. A su juicio, “este será un impacto económico bien fuerte para los Estados Unidos”, dado que se trata de empleos que los norteamericanos no suelen ocupar directamente.
Al mismo tiempo, advirtió que Honduras también sufrirá las consecuencias, ya que las instituciones nacionales carecen de coordinación en materia migratoria. Platero lamentó que exista un “divorcio completo entre el Registro Nacional de las Personas, la Comisión de Banca y Seguros y la Dirección de Investigación Policial”, lo que deja a los migrantes sin un respaldo efectivo desde su país de origen.
De acuerdo con sus datos, alrededor de 55 mil hondureños estaban inscritos en el TPS, aunque la cifra pudo haberse reducido en los últimos meses. Explicó que varios beneficiarios lograron encontrar apoyo legal en Estados Unidos y han avanzado en la regularización de su estatus, lo que representa un alivio parcial frente a la incertidumbre.
La experta enfatizó que no se trata solo de un problema numérico, sino de un drama humano, ya que la finalización del programa amenaza con la “desintegración del núcleo familiar”.
Además, subrayó que miles de niños quedarían en custodia de las autoridades estadounidenses, recordando que “son infantes más norteamericanos que hondureños”, lo que profundiza el dolor de la separación.
Platero advirtió que quienes incumplan con la orden de salida dentro del tiempo establecido deberán enfrentar sanciones económicas. Detalló que “la multa será de 998 dólares”, una carga adicional para familias ya golpeadas por la incertidumbre y la amenaza de deportación. OB/Hondudiario
